En la vista celebrada este jueves en el juzgado de Rubí, el magistrado ha considerado que no se trata de una falta sino de un delito, lo que podría conllevar para el propietario del perro hasta una pena de cárcel de entre tres meses y un año, por lo que ha citado otra vez al acusado para un nuevo juicio el próximo 27 de abril.
Los hechos ocurrieron a principios de diciembre del pasado año cuando Josep, vecino de Sant Cugat, valoró la posibilidad de sacrificar a su perro, Buc, un bóxer de cinco años de edad que padecía una enfermedad.
"El perro tenía un bulto en un costado que le sangraba y sufría mucho, y el veterinario nos comentó que no se podía hacer nada por el animal", señala Josep, que consideró que la cantidad de 180 euros por la eutanasia del animal era muy elevada al ser pensionista.
Ante esta situación abandonó la idea de sacrificarlo hasta que un vecino le propuso que ya lo mataría él y lo enterraría, a lo que Josep accedió, a pesar de la pena que le supuso deshacerse del animal.
Estaba en una bolsa de basura
Al cabo de unos días la Policía Local de Sant Cugat, que localizó al propietario a partir del chip del perro, se puso en contacto con él porque habían encontrado a su mascota agonizando en una bolsa de basura de un contenedor, supuestamente después de que el vecino lo intentara matar.
"Yo ya hablé con él -el vecino- cuando me lo dijo la policía, y me confesó que no había enterrado finalmente al animal", señala Josep, que añade que el vecino ha colaborado con el coste que finalmente ha tenido que pagar por el tratamiento del animal y de su eutanasia, cifra que asciende a más de 350 euros.
Por su parte, el acusado ha señalado que no entiende la situación debido a que él quería mucho a su perro y que no era su intención que sufriera, porque la alternativa de ceder el perro a su vecino para que lo matase era la única salida que tenía.
Las asociaciones Defensa Global y Libera, que no se han presentado como acusación pero que también ha asistido al juicio, han señalado su satisfacción por la decisión del juez.
"Queremos que se aplique la ley de protección animal en Cataluña, es un delito, es un asesinato. Pedimos que se haga justicia", ha destacado Ana Cazalilla, coordinadora de la asociación Defensa Global.
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