El juez Baltasar Garzón se ha inhibido este jueves del caso 'Gürtel' y ha traspasado la investigación a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, tras haber hallado indicios contra aforados (cargos públicos con protección jurídica especial) de estas comunidades. Entre ellos destacan Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana; su número dos, Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia;  el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional ha ampliado las imputaciones en esta causa a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

El auto del juez señala que los nuevos imputados en la operación Gürtel habrían cobrado más de tres millones de euros en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas del presunto cabecilla de la trama Francisco Correa. Además, añade que los tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid (Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor) pudieron percibir 1,2 millones de euros de las empresas de Correa.

Poco después de hacerse pública la decisión del juez, el PP ha expresado su "plena confianza" en Camps y otros implicados, y ha considerado desproporcionada la actuación de Garzón.

El juez, que seguirá investigando la trama de corrupción hasta que los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia acepten la causa, ha citado para el 18 de marzo a estos seis imputados, que se unen a los 37 a los que ya ha tomado declaración, y a los que acusa de los delitos de

En su auto, además de a Camps y a su número dos, el juez ha implicado al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.

"Comisiones amañadas"

El juez sostiene que el PP de Valencia pudo recibir 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa. Asimismo, afirma que el presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes', pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa.

Por último, el juez asegura que la organización dirigida por Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". Garzón sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura" mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market).

Fin de los interrogatorios

Garzón ha decidido inhibirse tras finalizar este mismo jueves los interrogatorios a los 37 imputados en la causa, y después de que este miércoles la Fiscalía Anticorrupción indicara al juez que debía dejar el caso en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber aforados regionales implicados.