El PP ha presentado este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal por prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón.

La querella, según informa el PP en una nota, se ha presentado "al no haberse producido la inhibición solicitada por el Fiscal el pasado miércoles y haber incurrido con esta actitud en una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas". El partido Popular señala que Garzón ha superado "con creces" el plazo de tres días que establecer la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones.

En el escrito, de 16 folios, se señala que el juez habría incurrido en un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales a sabiendas de que carecía de competencia.

En opinión del PP, la conducta de Garzón habría sido "manifiestamente injusta", al superar el plazo de tres días para que remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones cuando tenía "plena consciencia" de que carecía de competencia para instruir el caso.

La presentación de esta querella se produce un día después de que el magistrado se reincorporara a su actividad en la Audiencia Nacional tras la breve baja laboral que lo ha mantenido fuera del trabajo desde la crisis de ansiedad sufrida el pasado viernes.

Regreso a la Audiencia

El magistrado, que recibió el alta médica el sábado tras permanecer hospitalizado 24 horas, instruye la investigación sobre la conocida como 'Operación Gürtel' y tiene previsto reanudar la toma de declaración de los imputados en la causa el próximo jueves.

Para entonces se prevé que se interrogue a otras seis personas, entre las que se encuentran los apoderados de Orange Market (Mónica Magariños Pérez), de Special Events (Joaquín García Mármol) y de Pasadena Viajes, Proyectos Financieros Fillmore e Easy Concept (Guillermo García Coello).

También se prevé la comparecencia de David Luis Cerezo, hermano de la imputada Carmen Luis Cerezo, Paula Seco de Herrera López y Antonio Herrero González.

Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.