Los empleados públicos de la Justicia madrileña aprobaron este martes por mayoría aplastante recrudecer a partir del próximo lunes la huelga que mantienen desde el pasado 16 de febrero pasando a ser indefinida para forzar a la Comunidad de Madrid a impulsar mejoras para la Administración de Justicia a través de un incremento sustancial de plantilla en los órganos judiciales más atascados.

Cerca de 1.100 funcionarios se reunieron este mediodía en una Asamblea celebrada en el salón de actos de los Juzgados de Plaza de Castilla para analizar el acuerdo sectorial puesto sobre la mesa el lunes por la Consejería que dirige Francisco Granados. El convenio, que afecta a 4.800 trabajadores, suponía un avance al incluir incrementos de plantilla y reconversión de contratos de refuerzo en puestos de trabajo. Sin embargo, la oferta congelaba las promesas de aumento del complemento específico hasta al menos 2010.

Tras rechazar el acuerdo, los trabajadores votaron a mano alzada la propuesta de huelga indefinida. La práctica totalidad de los asistentes a la Asamblea respaldaron de manera rotunda la iniciativa, al grito "Huelga indefinida, Huelga indefinida". Estaba previsto que los huelguistas retomaran la próxima semana su actividad normal.

"Mienten"

En los pasillos de los Juzgados, Fernando Buendía, miembro de CC OO, criticó que el acuerdo de la Comunidad "no contempla en absoluto ninguna de las demandas" formuladas por los sindicatos". "Aguirre se comprometió a que iba haber un acuerdo. Y no se ha presentado nada concreto", denunció. "Aguirre y Granados mienten. Sus compromisos no valen nada", recalcó.

El portavoz de UGT, Fermín Arias, recriminó al Gobierno regional que esté "empecinado" en alejar posturas, si bien reconoció que el acuerdo rechazado suponía "un avance". "Aguirre no nos ofrece ni un euro para 2009", insistió.

El acuerdo rechazado se planteó el lunes en la Mesa Sectorial en la que se sientan representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y los sindicatos para acercar posturas. La propuesta incluía un plan de mejora de la plantilla del Registro Civil, con 51 nuevas plazas; de los Juzgados de lo Penal, con dos funcionarios más por cada órgano judicial (hay 29 juzgados); y de la Fiscalía, con 30 nuevos puestos.

74 personas más

El Gobierno regional y los sindicatos retomaron el lunes las conversaciones después de la ruptura que se produjo el pasado miércoles al no adecuarse la oferta de la Administración regional a las reivindicaciones de incremento de personal que demandan los trabajadores.

Entre otras medidas, los sindicatos reclaman 74 personas más para el Registro Civil de la calle Pradillo, un aumento de dos a cuatro trabajadores en los Juzgados de lo Penal y 50 nuevos puestos en la Fiscalía de Madrid. Además, demandan la reconversión de los contratos de refuerzos en plantilla, un asunto que no requiere coste económico.