Easyjet indemnizará a una pasajera que esperó con sus hijos 11 h para ir a Londres

  • La indemnización asciende a 900 euros.
  • Iberia tendrá que pagar 550 euros a otro pasajero por 'overbooking' y el retraso en la entrega de su maleta.
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La compañía aérea de bajo coste Easyjet deberá indemnizar con 900 euros a una pasajera que tuvo que esperar once horas con sus tres hijos en el aeropuerto para poder volar a Londres, según informó la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU-Madrid), que también indicó que Iberia deberá pagar otros 550 euros a otro viajero que sufrió overbooking y al que le perdieron la maleta.

El primer de los casos es el de una socia de CECU-Madrid que demandó a Easyjet tras sufrir un retraso de más de once horas en un vuelo con destino a Londres. El juzgado condenó a la compañía a abonar 900 euros por el perjuicio ocasionado por el retraso, que le supuso perder una noche de hotel, como por el daño moral ocasionado por la espera, ya que la demandante estaba acompañada por sus tres hijos.

Por su parte, Iberia tuvo que abonar 550 euros a un consumidor que puso una demanda a través de CECU al haber sufrido overbooking (cuando la aerolínea vende más asientos de los que tiene) y por el retraso en la entrega de su maleta, gastos de teléfono y taxi, pérdida de una noche de hotel y las consiguientes molestias que le supuso que en su primer día de vacaciones tuviera que volver al aeropuerto a recoger las maletas.

El juzgado impuso a la compañía aérea una cuantía de 300 euros por estos últimos incidentes y 250 euros por el ya citado overbooking.

"Necesidad cívica"

"Estos dos casos ponen de manifiesto cómo en muchos casos los afectados por problemas ocasionados por las compañías aéreas obtienen una compensación económica que, si bien no puede eliminar totalmente los perjuicios ocasionados, sirve al menos para mitigar al usuario del abuso y violación de derechos que a veces se producen al contratar un viaje aéreo", indicaron desde la Confederación.

Así, reiteraron su recomendación de presentar reclamaciones cuando se vulneren los derechos de los consumidores, considerando además que es una "necesidad cívica frente a los abusos del mercado", así como un "acto útil y que da resultados".

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