Una británica pierde su lucha por un suicidio asistido

Debbie Purdy, de 45 años y oriunda de Bradford, quería forzar al fiscal general del Estado a que le diera garantías de que su marido no sería procesado si la ayuda a llegar a una instalación en el exterior en donde pueda realizarse una eutanasia.

Su petición ante la Corte Suprema fue rechazada el año pasado y el jueves el Tribunal de Apelaciones respaldó esa decisión, según informó Press Association.

'Pese a nuestra compasión por la terrible situación en la que se encuentran la señora Purdy y el señor Puente (su marido), esta apelación debe ser desestimada', indicaron los jueces de la Corte de Apelaciones.

La ley británica indica que ayudar a cometer un suicidio es un crimen que conlleva una pena máxima de 14 años en prisión.

Sin embargo, desde 1992 cerca de 100 ciudadanos de Reino Unido han acabado con sus vidas en las instalaciones de Dignitas en Suiza, donde el suicidio asistido o eutanasia es legal, sin que sus familiares hayan sido procesados.

En diciembre, el Tribunal Supremo dictaminó que el fracaso de la Fiscalía General en clarificar la ley no infringe los derechos humanos de la mujer.

Sin embargo, el abogado de Purdy, Lord Pannick, argumentó que los jueces del Tribunal Supremo se habían equivocado con la ley y que se debía requerir al Fiscal General, Keir Starmer, la publicación de pautas de políticas específicas acerca de los procesamientos por eutanasia o suicidio asistido.

Ese tipo de directrices ya existe para crímenes relacionados con violencia doméstica, mal manejo de automóviles y delitos vinculados con el fútbol.

Purdy, quien permanece en una silla de ruedas, está preocupada por que su esposo Omar, que es músico profesional, sea tratado con severidad por parte de las autoridades debido a su nacionalidad cubana.

La mujer ha argumentado que si no recibe garantías de que no lo procesarán, tendrá que viajar antes de lo necesario al extranjero para morir por eutanasia.

Abogados de la Fiscalía General han manifestado que la ley no requiere una política específica y que las disposiciones que aparecen en una legislación de 1961 relativa al suicidio, que indican que se castigará con un período de cárcel el asesoramiento o incitación al suicidio, facilitan suficiente información.

Purdy dijo que respeta la decisión de los jueces. 'Siento que ganó mi argumento, pese a haber perdido la apelación', añadió.

'Ellos hicieron todo lo que pudieron para aclarar que (...) sería improbable que Omar sea procesado si me acompaña al exterior para una muerte asistida y, por lo tanto, estamos un paso más cerca de la aclaración que necesito', expresó la mujer.