Los jueces españoles inician una huelga sin precedentes

Es difícil establecer una estimación del número de jueces que acudirán al paro - cuya legitimidad ha sido puesta en duda en las últimas semanas. Está secundada por una treintena de juntas judiciales y otros órganos colectivos, además de dos agrupaciones: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y el Foro Judicial Independiente.

El hecho de que ambas agrupaciones se hayan sumado a la convocatoria extiende la huelga al ámbito nacional, independientemente de que su junta se haya sumado al paro o no. Además, no todos los jueces de una junta tienen que ir a la huelga porque se haya convocado en su zona, explicó una portavoz de AJFV.

El diario El País estima que unos 1.700 jueces de los 4.400 que hay en España secundarán el paro.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo 'razonable', así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

Las asociaciones judiciales reclaman también que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.

SERVICIOS MÍNIMOS

El comité de huelga ha establecido una serie de servicios mínimos: la atención de asuntos urgentes e inaplazables; levantamientos de cadáveres y otras medidas cautelares urgentes y expedir licencias de enterramientos y matrimonios, entre otros.

Además, a mediodía están convocadas concentraciones de 15 minutos de los jueces, sin toga, frente a edificios emblemáticos de las capitales de provincia, donde se leerán manifiestos reivindicativos de los colegiados. Este acto cuenta con el respaldo de las cuatro principales agrupaciones de jueces.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente en un primer momento habían secundado, junto a Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura, una concentración de protesta el 18 de febrero y una huelga para junio.

Sin embargo, posteriormente se desmarcaron y se unieron al paro de hoy al considerar que habían fracasado la negociación con el Ministerio.

Desde Jueces para la Democracia se lamenta que no haya sido posible 'plena unidad de acción' y espera recuperar la unanimidad para defender la causa común.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo entender el malestar del poder judicial pero no la convocatoria de una huelga.

'Puedo comprender el malestar en el ámbito de Justicia porque no ha tenido el impulso en 30 años que debería haber tenido, pero no acabo de entender que se pongan en huelga, aunque me esfuerzo por entenderla', declaró Bermejo el martes a la Cadena Ser.

Bermejo criticó además que se acuse al ministerio de falta de diálogo.

'Imputar al Ministerio falta de capacidad de diálogo me parece una broma de mal gusto (...) cuando dos asociaciones se han salido de la mesa', añade.

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial decretó el 9 de febrero que no había lugar a la huelga y que ésta 'carecía de soporte normativo', y por tanto no estableció unos servicios mínimos.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del 'caso Mari Luz' por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Varios miembros del Gobierno han dudado de la legalidad de una huelga por parte del poder judicial según la Constitución. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que huelga no es 'razonable' y aseguró que el Ejecutivo está haciendo 'el mayor esfuerzo' de la democracia para modernizar la Justicia.