En toda la comunidad, más de 500.000 alumnos recibirán clase en aulas donde se superan con creces las ratios legales de 25 escolares por clase en primaria y 32 en secundaria, según cálculos de sindicatos, asociaciones de padres de alumnos y partidos de la oposición regional. El 60% de los colegios concertados están masificados, aseguró ayer el PSOE. El consejero de Educación, Luis Peral, no obstante, salió al quite con premura: sostuvo que la mitad de los centros con concierto tuvo una ratio media de 26 alumnos.

 

 

Durante el curso pasado, unos 100.000 alumnos eran inmigrantes. Los responsables educativos esperan que esta vez superen de largo esa cifra y el porcentaje del 10% del total del colectivo íntegro de alumnos (más de un millón) por segundo curso escolar consecutivo. Casi el 70% proceden  de Suramérica y el 15% de África. Ocho de cada diez de los inmigrantes optan por la educación pública.

 

 

 

Las aulas prefabricadas o transitorias –el eufemismo administrativo para designar a los barracones, como prefieren llamarlos los padres de alumnos– volverán a ser el chocante paisaje escolar de algunos chicos. La Comunidad dice que este año habrá 82, la mitad que el curso pasado. En otro desencuentro numérico, los sindicatos y las asociaciones de padres afirman que el número real es de 150, similar al de la década de los años noventa, y califican estas construcciones provisionales de «vergüenza». El año pasado, casi 3.000 alumnos estudiaron en este tipo de aulas, casi todas ubicadas en municipios del oeste y el sur de la capital.

 

 

 

Las centrales sindicales piden que Educación aumente la plantilla docente pública en 4.000 empleos, necesarios para «garantizar una enseñanza de calidad», según Comisiones Obreras. En los 1.536 colegios e institutos de Madrid trabajan unos 27.000 docentes de primaria y otros 20.000 de secundaria. Los casi 500 colegios concertados y 700 privados no dan datos sobre sus plantillas. Los sindicatos también piden un mayor esfuerzo por dotar a los servicios de inspección de atribuciones que no se limiten a lo «meramente burocrático o administrativo».

 

 

 

En el curso siguiente a la explosión del acoso escolar en los institutos y su reconocimiento social como problema grave, los colectivos de enseñantes quieren que la Administración adopte medidas para garantizar la paz en los centros. Ninguna de las partes implicadas dice tener «datos reales» sobre  agresiones –físicas, psíquicas o verbales– a profesores o episodios de acoso entre alumnos. «Debemos abordar la convivencia escolar como una gran cuestión pendiente y discutirla en el seno de los centros y los colectivos implicados en la educación», dice Francisco García, de la Federación de Enseñanza de CC OO. Las asociaciones de docentes proponen también intervenir sobre el creciente problema del absentismo escolar.

 

 

 

El consejero de Educación, Luis Peral, niega de manera tajante que no vayan a estar terminados los 27 nuevos centros públicos anunciados a bombo y platillo para este curso por la presidenta, Esperanza Aguirre. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, que había calificado ayer por la mañana Madrid como «una región rica con una educación pobre», cree que la mayoría de esos colegios no entrarán en servicio la semana próxima porque no están listos. Peral responde que Madrid incrementó su presupuesto casi en un 40%, y 22 de los colegios estarán listos este mes.