Italia y Reino Unido están en estos días midiendo el nivel de xenofóbia de Europa y las consecuencias, en este sentido, de la crisis económica.

En Italia, el sábado pasado unos jóvenes quemaron vivo a un indio que dormía en una estación en una localidad cercana a Roma y, aunque las investigaciones parecen descartar el móvil racista, han abierto un debate sobre una supuesta ola de violencia de carácter xenófobo.

Un debate que sin duda se verá azuzado por las declaraciones del ministro del Interior de ese país, Roberto Maroni, en las que afirmaba, dos días después del incidente, que "para luchar contra la inmigración ilegal y todo el mal que conlleva no hace falta ser bondadosos, sino malos".

El mensaje de este ministro, que aseguró que no le importa que le acusen de "ser un político racista del norte que no se preocupa de los derechos de los más pobres", coincide, en espíritu, con otras medidas tomadas en el país transalpino como la del alcalde Azzano Decimo, que acaba de prohibir a los musulmanes rezar en su municipio.

O como la propuesta del Gobierno, que este martes estudiará el Senado italiano, de obligar a los médicos de urgencias a denunciar a sus pacientes si son extranjeros indocumentados.  Ante esta norma en Italia ya se ha puesto en marcha una campaña con el eslógan: "Somos médicos y enfermeros, no espías".

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de ese mismo país, Franco Frattini, ha criticado una huelga de tintes xenófobos en Reino Unido, tachando los argumentos de los trabajadores que protestan de "indefendibles" y apoyando al primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, en su oposición a la protesta.

El asunto está en que los empleados de dos plantas nucleares del noroeste inglés han convocado un paro de 24 horas para protestar por la contratación de 400 empleados portugueses e italianos para la realización de una obra en un momento en el que hay dos millones de parados en el país. La protesta que pide primero el empleo para los nacionales va ganando adeptos por momentos e incluso recibió un apoyo implícito del ministro de Sandidad británico, Alan Johnson, que pidió que las directrices europeas sean modificadas cuando permitan a las empresas recortar los derechos de los trabajadores británicos.

"No estamos tratando de frenar a los trabajadores extranjeros que vengan a Gran Bretaña, estamos tratando de frenar que vengan y se les pague menos que a nosotros y nos menoscaben", afirmó un sindicalista.

Los sindicatos están preparando una protesta ante el parlamento y esta protesta podría saltar del sector energético donde ha comenzado al de la construcción e incluso desembocar en una huelga general.