Obtener una Vivienda de Protección Oficial (VPO) pronto dejará de ser una cuestión de suerte para convertirse en un derecho. La Junta de Andalucía ha decidido sustituir el actual procedimiento de adjudicación, consistente en un sorteo público, para volver al antiguo sistema de listados de demandantes.Así se establece en el anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, al que ha tenido acceso 20 minutos, y que está a la espera de ir al Parlamento andaluz para su debate y aprobación.

Fuentes de la Administración andaluza explican que el sorteo «fue una medida que se tuvo que adoptar ante la falta de objetividad de los promotores y para proteger a los usuarios en la compra de una vivienda».

Una vez aprobada la ley, todos los municipios andaluces tendrán que crear un documento que determine el número de VPO que hacen falta para dar respuesta a la población y, posteriormente, crear un registro municipal de demandantes de VPO.

De este modo, las viviendas de protección que se construyan, tanto desde el ámbito público como privado, se adjudicarán directamente a los inscritos en este listado, que establecerá el orden en función de los requisitos socio-económicos de los demandantes. De esta forma, las personas con mayores problemas para acceder a una vivienda ocuparán los primeros puestos y tendrán más opciones de adquirir una vivienda. Hasta ahora era la suerte la que elegía a los adjudicatarios, independientemente de que sus recursos económicos no fueran los más bajos de todos los aspirantes al sorteo.

Claves de la nueva ley

La nueva ley establece además «un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales», que definirán «de manera exacta cuántas viviendas y qué tipologías de las mismas se necesitan en cada municipio».

Quedarán exentos de elaborar planes de vivienda y registros de demandantes los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde seguirán los sorteos.

Uno de los pilares de la nueva legislación en materia de vivienda es la de potenciar el derecho de los andaluces a una vivienda digna, algo que ya viene contemplado en la Constitución Española.

Con la nueva ley de la Junta de Andalucía, los ciudadanos cobran un mayor protagonismo en la creación de VPO, ya que podrán demandar y exigir a sus respectivos ayuntamientos a que elaboren los planes de VPO y registros, pudiendo incluso llevar a los tribunales a quienes incumplan la ley.

Una de las cosas que deja bastante claras la nueva normativa es que la ley del Derecho a la Vivienda «no garantiza la titularidad de una vivienda». Es decir, se reconoce el derecho que tienen todos los andaluces a una vivienda, pero no compromete a la administración para que todo aquel que lo desee pueda tener una casa alegando el derecho reconocido mediante ley. La nueva normativa fija que «las Administraciones quedan obligadas a favorecer el acceso a la vivienda mediante la promoción pública, la concesión de ayudas financieras y fiscales a través de los Planes de Vivienda y la adopción de medidas urbanísticas».

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