El PP se enmaraña en la trama de los espías

La trama de los espías en la Comunidad de Madrid está levantando más que ampollas en el Partido Popular. Nadie se fía de nadie y todos se acusan entre sí. Unidades parapoliciales, seguimientos y dosieres secretos, acusaciones veladas, denuncias ante la Fiscalía... Éstas son las claves para intentar entender qué está pasando.

FUEGO CRUZADO

Aguirre se siente víctima y acusa veladamente a Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que todo es un montaje para derrocar su Gobierno. "Soy una víctima. Van a por mí", ha dicho. Ha sembrado la duda y ha acusado veladamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al asegurar que tuvo noticia de los dosieres contra González porque los tenían en la sede de Génova, y que fue Rajoy quien le avisó en 2006. ¿Qué hacían allí y quién los hizo? También criticó al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por dar por buenas las informaciones de El País.

Gallardón quiere llegar hasta el final

El alcalde de Madrid y su vicealcalde, el espiado Manuel Cobo, han pedido que las investigaciones, tanto la que ha abierto un juez como la interna del PP, lleguen hasta el final y se "depuren responsabilidades". Es pública y notoria la gran enemistad entre Aguirre y Gallardón.

El alcalde, también bajo lupa

Tras las publicaciones de El País, El Mundo también ha entrado de lleno en la trama y apoya con sus informaciones a la presidenta. Desveló que Gallardón también tiene una unidad parapolicial a su servicio. Aguirre ha pedido que lo aclare. El concejal de Seguridad de Gallardón, Pedro Calvo, aseguró ayer que esta unidad no existe.

Rajoy no protege a Aguirre

El presidente del PP ha ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, algo que ha molestado a Aguirre. La secretaria general del PP, De Cospedal, aseguró ayer que "es un disparate pensar que la dirección nacional va contra Aguirre".

LAS CLAVES

Una unidad de espías en el Gobierno de Madrid

El escándalo empezó al publicar El País la existencia de una unidad de espías (formada por ex policías y ex guardias civiles) que investigaba a políticos. Esta unidad depende de la Consejería de Interior, dirigida por Francisco Granados. Entre los investigados: Ignacio González, número dos de Aguirre y compañero de Granados en el Gobierno regional; Manuel Cobo, número dos de Gallardón; Alfredo Prada, ex consejero de Aguirre (enfrentada a ella por apoyar a Rajoy), y Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, al que Aguirre quiere ‘jubilar' antes de tiempo.

Todo apunta a Granados

La unidad policial está a sueldo de la consejería de Granados, quien aseguró que todo era "una gran mentira" y que detrás "hay alguien poderoso". Según El País, en esta Consejería hay tres equipos de seguridad, dos dependientes de Granados y otro de González. Al parecer, ambos no congenian y recelan el uno del otro.

González, el gran espiado

El País reveló que el vicepresidente fue espiado cuando en abril y agosto de 2008 viajó a Sudáfrica y Colombia, supuestamente por uno de los equipos de Granados. Por su parte, Público habla de un dosier de 69 páginas elaborado en 2006 y que recoge el patrimonio de González, así como una serie de adjudicaciones públicas, presuntamente irregulares, hechas por organismos controlados por González, como la vicepresidencia y el Canal Isabel II. No se sabe quién ordenó este dosier.

También su número dos

Hay más espiados. La Cadena SER desveló ayer que el número dos de González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, fue objeto de otro dosier. En él se indica que su patrimonio personal es de cinco millones. De Miguel dijo ayer que llevará el caso a los tribunales, lo que ya han hecho González, Cobo y Prada.

Y ahora se hablará de corrupción

Los últimos diez días, las informaciones sobre el espionaje político en Madrid sólo se han centrado en quién estaría espiando a quién en el PP, en quién elabora dosieres. Ahora se va a entrar en lo que dicen esos dosieres, según diversos indicios. Algunos miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre pueden resultar salpicados por casos de presunta corrupción: cobro de comisiones ilegales, incrementos súbitos de sus patrimonios personales, etc. El escándalo entraría así en una segunda fase.