En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a los trabajadores movilizados de un delito contra el tráfico aéreo, desobediencia grave y resistencia a la autoridad y pide que se condene a 25 de ellos a penas de tres años de cárcel y de cuatro para los dos presuntos cabecillas que alentaron las reivindicaciones.
La fiscalía considera que con su actuación los empleados causaron la paralización total del tráfico aéreo y crearon "un grave riesgo para las aeronaves que trataban de acceder al aeropuerto o de despegar del mismo", según consta en su escrito de calificación.
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