Los españoles tienen actualmente en sus casas 112 millones de billetes de 500 euros, lo que supone 56.147 millones que no están en cuentas bancarias, según los últimos datos del Banco de España.
Hacienda sabe que los billetes de 500 (apodados los Bin Laden, porque nadie los ha visto, pero todo el mundo sabe que existen) son sinónimos de economía sumergida y fraude al fisco.
Por eso, la Agencia Tributaria inició en 2006 una campaña para combatir el fraude con billetes de 500. En estos dos años se han realizado 13.000 investigaciones, que analizan operaciones de los años 2003, 2004 y 2005.
El resultado es llamativo a falta de que Hacienda dé los datos oficiales en marzo: los inspectores han cazado a 2.600 defraudadores, el 20% de las investigaciones iniciadas, "aunque el 80% son sospechosas de fraude", señalan fuentes tributarias. Ahora ya han comenzado las investigaciones sobre posibles fraudes efectuados en 2006 y 2007.
Teniendo en cuenta que cada investigado ha defraudado al menos 500.000 euros (la cantidad mínima para que Hacienda sospeche), las arcas públicas han perdido unos 1.300 millones, tirando a la baja, prácticamente el mismo dinero que se ha gastado el Estado en pagar los 494.000 cheques-bebé de 2.500 euros que abonó el año pasado.
Muy pocos de los investigados son particulares, sólo el 8%, el resto son empresas, la mayoría del sector inmobiliario. "El mayor caso hasta la fecha descubierto es el de un empresario murciano que llegó a pagar 8 millones de euros en billetes de 500 en una operación inmobiliaria", señalan las mismas fuentes.
Faltan recursos
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) ha lamentado los escasos recursos con los que cuenta la agencia para combatir este fraude, "sólo 200 inspectores", y criticó que Hacienda sea permisiva con los defraudadores que son pillados.
"Si finalmente pagan a Hacienda, se quedan sin sanción por haber defraudado. Esto es medir con doble rasero a los contribuyentes", explica José María Mollinedo, presidente de GESTHA, que recuerda que los fraudes superiores a los 120.000 euros son delito fiscal.
Mollinedo añade que otro de los grandes focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 95,8% de las compañías asentadas en España que facturan entre 1,8 y 6 millones (57.700 sociedades) escapan al plan antifraude, ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones.
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