La decisión del presidente demócrata es una victoria para defensores del derecho al aborto respecto a un asunto que se ha convertido en un caballo de batalla política, cambiando cada vez que la Casa Blanca pasa de un partido a otro.
Cuando la prohibición estaba vigente, no se podían destinar fondos del Gobierno de Estados Unidos para servicios de planificación familiar a clínicas o grupos que ofrecen servicios u orientación abortista en otros países, aún cuando los fondos para esas actividades proviniesen de fuentes no gubernamentales de Estados Unidos.
Esta política ha sido llamada 'Mexico City Policy' porque fue dada a conocer en una conferencia de Naciones Unidas en Ciudad de México en 1984 y se convirtió en una de las medidas sociales centrales del Gobierno conservador del ex presidente republicano Ronald Reagan.
Sus críticos la consideran la 'norma de la mordaza', porque también reduce la financiación para los grupos que son partidarios o hacen campaña para el levantamiento de las restricciones al aborto, por lo que dicen que frena la libertad de expresión. También dice que ha disminuido la atención médica para algunas de las mujeres más pobres del mundo.
El ex presidente demócrata Bill Clinton, revocó la prohibición cuando asumió el cargo en enero de 1993 y su sucesor, el republicano George W. Bush, la restableció en enero de 2001, asegurando que los impuestos de los ciudadanos no deberían usarse para pagar abortos o a los abortistas.
Los grupos contrarios al aborto se mostraron de acuerdo.
'Cuando nos levantamos cada mañana con una crisis financiera profunda, es un insulto al pueblo americano salvar al sector del aborto', dijo Charmaine Yoest, presidente de Americanos Unidos para la Vida.
Estados Unidos destina más de 400 millones de dólares al año en asistencia a la planificación familiar en el exterior.


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