Así lo ha decidido esta tarde la asamblea general del Consorcio de Aguas, reunida en su sede de Venta Alta (Arrigorriaga), aprobando así una enmienda propuesta por representantes de los ayuntamientos de Portugalete y Mungia, modificando así el artículo 44Bis de la Ordenanza Fiscal

reguladora de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración. De esta forma, de la bonificación anterior del 30% en saneamiento, se pasa al 80%.

Asimismo y a propuesta del propio Consorcio, se ha modificado el

artículo 44Bis, de forma que se amplía el consumo máximo autorizado de 11 m3 por persona y trimestre, a 16 m3 para domicilios unipersonales. En el caso de viviendas ocupadas por dos personas, el consumo deberá ser inferior a los 30 m3 por trimestre.

Por su parte, las viviendas ocupadas por tres o más personas, deberán acreditar un consumo inferior a los 30 m3, más 12 m3 por cada persona adicional a la segunda ocupante de la misma.

Según han explicado los responsables del Consorcio, desde que entrara en vigor la bonificación de la tasa de saneamiento para perceptores de la RGI enero de este año y hasta el 19 de junio pasado, se han recibido 220 solicitudes de bonificación, de las que un 36% han sido rechazadas por exceso de consumo, al rebasar los 11 m3 de consumo por trimestre para viviendas unipersonales.

Por ello, el comité directivo ha propuesto ampliar el consumo máximo autorizado para que estos perceptores de la RGI no se queden sin ayuda. La entidad de aguas había presupuestado para este programa de ayudas una partida de 100.000 euros, de los que solo se han gastado 800, por lo que se han flexibilizado las condiciones para llegar a más beneficiarios de la ayuda.

En este sentido, el presidente del Consorcio, Ricardo Barkala, ha reconocido que deberán ser más "proactivos" para animar a las familias perceptoras de la RGI que tengan derecho a obtener esta ayuda, a que acudan a pedir algo a lo que tienen derecho.

Por otro lado, la asamblea ha rechazado otras enmiendas presentadas por representantes de los ayuntamientos de Areatza, Barakaldo y Sestao, que pedían extender la bonificación fiscal a los perceptores de las Ayudas de Emergencia Social. El comité directivo había propuesto a la asamblea su rechazo, explicando que esta media generaría inseguridad jurídica y sería "imposible de gestionarla", ya que la entidad de aguas no tiene medios para comprobar las condiciones de los perceptores de las AES.

Asimismo, también se ha rechazado otra propuesta de los mismos representantes que pedía que, si se rebasara el consumo máximo autorizado, se facturase prorrateando el consumo respecto a la bonificación.

Los responsables del Consorcio han expresado su rechazo a esta propuesta, ya que pretenden que no accedan a la ayuda los que presenten consumos "desmesurados". En este sentido, han apuntado los casos de clientes que usan el agua para riego de jardines, llenado de piscinas o subarrendando habitaciones en pisos, casos que rechaza subvencionar.