Un hombre acusado de presuntamente agredir sexualmente a una ex monja en Fuerteventura el 15 de noviembre de 2001, y a quien había conocido un día antes en su consulta médica, negó hoy los hechos y aseguró que la relación sexual fue "consentida".
Durante el juicio celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que ha quedado visto para sentencia, el procesado, D.I.P., mayor de edad, de nacionalidad cubana y sin antecedentes penales, acusado de un presunto delito de agresión sexual, proclamó en su declaración su inocencia y dijo nunca ha tenido "una relación forzada con nadie", según informaron fuentes judiciales.
La Fiscalía solicita para él una pena de 9 años de cárcel, mientras que la defensa pide la libre absolución al asegurar que las relaciones sexuales de su cliente con la mujer fueron "consentidas" y se trataba de una relación "esporádica".
Por su parte, la víctima, que declaró en calidad de testigo, reveló que había sido monja, algo que no había comentado antes del juicio ni durante la fase de instrucción y de hecho en el momento en que ocurrieron los hechos estaba casada, según las mismas fuentes. Durante su intervención, aseguró que el acusado la "obligó" a mantener relaciones sexuales y manifestó también que denunció su supuesta violación "para defender a las mujeres".
Versiones contradictorias
Ambos ofrecieron versiones contradictorias, ya que ella aseguró que él la llamó por teléfono para tomar una copa mientras que él afirmó lo contrario.
En su escrito de conclusiones, la Fiscalía sostiene que sobre las 14.30 horas del citado día el procesado acudió al aeropuerto de Fuerteventura, donde sabía que se encontraba la citada mujer, ya que la había llamado previamente y a la que conoció un día antes en su consulta médica.
Por su parte, los forenses que declararon como testigos manifestaron que la víctima sufre una patología de índole psiquiátrica previa a suceder los hechos. Asimismo, peritos indicaron que al examinarla no encontraron lesiones de agresión sexual ni secuelas de haber sufrido forcejeo, indicaron a Europa Press fuentes judiciales.
La acusación pública reclama imponer la pena de 9 años de cárcel para D.I.P., inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas. Además de que pide que el procesado indemnice a la víctima con 18.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados. En cambio, la defensa solicita la libre absolución.


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