Bermejo califica de "traición al mandato de los ciudadanos" la huelga de los jueces

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado este martes que el caso del juez de Sevilla Rafael Tirado "está flotando" en las protestas de los jueces, que han amenazado con una huelga para el 26 de junio, y que las asociaciones judiciales intentan "ahora" articular una serie de reivindicaciones.

En declaraciones a la Cadena Ser, el ministro de Justicia ha dicho que las cuatro asociaciones judiciales, que convocaron ayer un acto de protesta el próximo 18 de febrero y advirtieron de que si no se cumplen sus reivindicaciones convocarán una huelga, intentan encauzar el movimiento de base que ha tenido el origen en el caso Tirado.

Los jueces expresaron su malestar por las opiniones a favor de aumentar la sanción de multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla por no ejecutar la sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Para el ministro de Justicia, la cuestión no es si los jueces tienen derecho o no hacer huelga sino que se trata de que un titular de un Poder del Estado no se puede permitir ese "lujo", porque es una "traición" al mandato de los ciudadanos.

No obstante, aunque ha señalado que debe ser el Consejo General del Poder Judicial el que debe fijar su criterio sobre el derecho o no a la huelga de los jueces, el ministro ha indicado que su opinión personal es que no.

Bermejo se ha mostrado "encantado" de hablar de todo lo que redunde en una mejora del servicio de Justicia, pero ha advertido: "no vamos a poder hablar de economía porque el horno no está para esos bollos, porque el gobierno va ayudar en 2009 a quien más lo necesita y tampoco vamos a poder hablar de renuncia por parte del gobierno" a criticar decisiones del CGPJ.

Sobre este asunto Bermejo aseguró que los jueces cobran entre 3.000 y 6.000 euros mensuales y que "unos trabajan mucho" y otros "no tanto".

El ministro ha recordado que vivió algo parecido en los años 80 y ha considerado que se trata de algo cíclico, pero que ocurre cuando gobiernan los socialistas, ya que durante los 8 años de gobierno del PP, en los que "se hicieron cosas mínimas" en la Justicia, no tuvieron lugar.