El próximo jueves, 15 de enero, comenzará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona el juicio contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevariación en la adjudicación de viviendas de protección oficial. El fiscal pide una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.
El fiscal sostiene en su escrito que algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.
Según el fiscal, las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO.
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