La sorpresa la dio la defensa de Ibarretxe quien, en contra de lo previsto, abogó porque el juicio continúe para entrar 'en el fondo del asunto' y evitar que en el futuro puedan presentarse este tipo de querellas.
El abogado de Ibarretxe, Mikel Casas, argumentó su decisión de desistir de la petición de suspender el juicio con el fin de buscar 'una sentencia absolutoria' para el lehendakari y el resto de procesados que ya 'han sufrido la pena del banquillo', y para demostrar que Ibarretxe 'en el ejercicio legítimo de su cargo, hizo lo que tenía que hacer' en su intento de 'resolver el conflicto vasco' y como han hecho 'otros gobiernos democráticos'.
Casas recordó que durante el periodo de instrucción y hasta en seis ocasiones ha solicitado el archivo de la causa sin que su petición haya sido atendida.
Iniciado el juicio, la defensa de Ibarretxe apuesta por la defensa del diálogo como instrumento político contra el planteamiento de los querellantes de 'que frente al diálogo cárcel'.
'Nosotros planteamos que no, -dijo el abogado de Ibarretxe- que frente al diálogo, diálogo, que frente al diálogo no hay proceso penal, frente al diálogo hay soluciones y si queremos vivir permanentemente mirando hacia atrás bastará con plantear este tipo de querellas'.
La fiscal, Mª Angeles Montes, pidió la suspensión del juicio para lo que alegó la falta de legitimidad de la acción popular porque 'tal como el Tribunal Supremo afirmó en la sentencia del caso Botín, si la acusación particular o el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal, no puede procederse a la apertura de juicio oral sólo con las acusaciones populares'.
El mismo argumento utilizó el abogado Félix Rojo, defensor de los dirigentes socialistas, Patxi López y Rodolfo Ares, para pedir la nulidad de actuaciones desde el momento en que se dicta la apertura de juicio oral y el sobreseimiento libre de la causa.
También la defensa de Arnaldo Otegi y de los otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale que participaron en las reuniones políticas objeto de la querella pidieron la suspensión del juicio.
La abogada Jone Goirizelaia, además de utilizar el precedente del 'caso Botín' argumentó vulneración del derecho a la defensa porque cuatro de los procesados, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia, no habían sido trasladados a cárceles cercanas para preparar la vista.
ACUSACIÓN POPULAR
El abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, defendió la legitimidad de la acción popular, a pesar de ser la única acusación en el caso, y aludió al 'caso Atutxa' para explicar que si se suspendiera el juicio ' nos veríamos con la práctica total seguridad en la situación de que dentro de unos meses o unos años hubiera que repetir el juicio'.
El tribunal comunicará el lunes sus deliberaciones frente a las cuestiones previas planteadas por las partes en esta primera sesión del juicio.
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