Avanza la segunda fase de la videovigilancia sin tener asegurada la financiación

El Ayuntamiento ha adjudicado a una empresa la redacción del proyecto de ampliación de la videovigilancia en el centro histórico. 17 cámaras vigilan esta zona de la ciudad desde marzo de 2007. El equipo de gobierno planea colocar otras 29 y ha continuado la tramitación a pesar de que no tiene asegurada la financiación de las obras de instalación.

La implantación de las cámaras actuales costó unos 266.500 euros, aunque inicialmente el Consistorio preveía gastar 434.700. En enero del año pasado, el Ayuntamiento pidió a la Junta una subvención para sufragar los 652.600 euros que presupuestó para los 29 nuevos dispositivos, pero el Ayuntamiento recalca que la Junta se ha negado a conceder ese dinero (la ayuda máxima podía ser de la mitad del coste total del proyecto).

El alcalde, Francisco de la Torre (PP), indicó en diciembre que parte de los 99,3 millones de euros que el Gobierno entregará al Ayuntamiento de Málaga para atajar el aumento del desempleo se podrían destinar a financiar la ampliación de la videovigilancia. Finalmente esta idea se descartó porque la ayuda estatal se condiciona a una generación de puestos de trabajo que no se cumple en este caso.

Por ahora el equipo de gobierno pagará 25.520 euros a la firma Ingho Facility Management, con sede en el PTA, por la redacción del proyecto.

Localización

Las videocámaras estarán en la calle Granada (cinco) con Méndez Núñez, Santiago, San José, Museo Picasso y plaza de la Merced (tres más). En Carretería (cinco) y en la Tribuna de los Pobres. Se ubicarán también en la plaza Félix Sáenz (dos), en la de Arriola, en la del Siglo y frente a la del Teatro (c/ Puerta de Buenaventura). Además, en calle Nueva (dos), en el Puente de la Esperanza, en la calle Atarazanas con Puerta del Mar, entre Marqués y San Juan, San Juan y Coronel y en la esquina de Álamos y Cárcer.

Características técnicas

Las 17 cámaras actuales están pueden girar 400 grados en un segundo y el zoom proporciona 27 aumentos. El director de Ingho, Manuel Gallardo, asegura a este periódico que los nuevos dispositivos serán iguales o mejores "porque la tecnología mejora cada día, como en los ordenadores".

Retrasos

La implantación de esta medida está regulada por la ley que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad, de 1997. El Ayuntamiento inició los trámites para colocar las 17 cámaras actuales en 2002. Tuvieron que pasar cuatro años hasta que el proyecto tuvo que lograr el visto bueno de la Delegación del Gobierno en Andalucía y del Tribunal Superior de Justicia de la región.

La multitud de ofertas de empresas (21) que querían instalar los dispositivos de vigilancia y la complejidad técnica del proyecto demoraron la contratación un año más.