Amnistía denuncia la ineficacia de la Ley de Memoria Histórica

La 'Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura', que es su denominación oficial, se ha desarrollado parcialmente y con lentitud, dijo AI en un comunicado.

'En un desarrollo reglamentario de lentitud exasperante, sólo al final de año, el Gobierno ha dictado algunas disposiciones para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la Ley. Y lo dispuesto se concentra sólo en medidas simbólicas o de escaso significado para garantizar verdad, justicia y reparación', aseguró Esteban Beltrán, director de AI en España.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció el viernes que aún queda por desplegar contenido de la ley, y recordó su intención de reunirse con todas las asociaciones de memoria histórica para hacer una valoración conjunta.

'Lógicamente tenemos aún que colmar necesidades, que llenar deseos', declaró Zapatero durante una rueda de prensa de balance de año celebrada en el Palacio de La Moncloa.

La organización también consideró que la Ley había sido utilizada para oponerse a la investigación judicial de crímenes contra la humanidad, en referencia al proceso cerrado en la Audiencia Nacional sobre las desapariciones del franquismo por considerar que el juez Baltasar Garzón no era competente en la causa.

'La Ley se ha utilizado, por el Ministerio Fiscal y otras autoridades como argumento para oponerse a la obligación del Estado de investigar en sede judicial los crímenes del pasado y de reconocer los derechos de las víctimas de acuerdo a las normas internacionales', dijo AI en el comunicado.

La organización criticó que la decisión de la Audiencia 'prolonga su peregrinaje incierto (de las víctimas) en busca de verdad, justicia y reparación, por su cuenta a través de los juzgados territoriales'.

Antes de que la Audiencia rechazara la competencia de Garzón, éste trasladó la investigación abierta sobre las desapariciones a los juzgados territoriales al considerar extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 altos cargos del régimen tras comprobar la muerte de todos ellos.

Entre otras recomendaciones, Amnistía pidió a las autoridades españolas que elaboren un protocolo de actuación que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones.