En una polémica decisión, un tribunal dispuso el jueves la liberación de varios responsables de la represión ilegal, procesados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, debido a que habían pasado más de dos años en prisión sin una sentencia firme.
Pero el viernes la justicia aceptó el requerimiento del fiscal Raúl Pleé, que pidió que se detengan las liberaciones de los acusados.
'El fiscal de Casación Pleé pidió la suspensión del trámite al anticipar que va a apelar el fallo conocido ayer (jueves) y la Sala II de ese tribunal hizo lugar a la solicitud', dijo a Reuters Alfredo Solari, que representa a varios ex marinos imputados en las causas.
La decisión de la justicia de liberar a los ex represores despertó fuertes protestas de organismos de derechos humanos y de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que calificó el hecho como una 'vergüenza'.
DEMANDA OFICIAL
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, anunció el viernes por la mañana que interpondría ante la Corte Suprema de Justicia 'un recurso extraordinario contra la resolución' de liberar a los ex represores y que solicitará el juicio político para los magistrados vinculados con la decisión.
'Muchos integrantes del poder judicial designados durante la dictadura militar fueron complacientes y participaron de las concepciones que buscaron justificar la aplicación del terrorismo de Estado en Argentina y hoy no se han despojado de esa visión, lo que se traduce en sus actitudes y las resoluciones que muchas veces dictan', dijo Duhalde.
Según el secretario, estos jueces han tenido 'actitudes renuentes, obstaculizadoras del avance de los procesos, cuando no verdaderas denegaciones de justicia'.
Astiz, que durante la dictadura se infiltró entre las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, está involucrado en una causa que investiga la muerte de dos monjas francesas en Argentina, Alice Domon y Leonie Duquet, por la que fue condenado a cadena perpetua en ausencia en el país europeo.
La justicia también había ordenado la liberación de Jorge 'Tigre' Acosta, quien, al igual que otros marinos favorecidos por la resolución, está acusado de tortura, secuestro, muerte y desaparición de personas en el tenebroso centro de detención ilegal de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Los ex represores cumplen arresto en cárceles comunes y si se concreta la disposición judicial podrán esperar el juicio oral en libertad, tras el pago de una fianza.
El ex presidente Néstor Kirchner, marido de la actual mandataria, impulsó durante su mandato -entre 2003 y 2007- la reapertura de investigaciones de delitos cometidos durante la dictadura y logró que el Congreso y la Corte Suprema anularan leyes de perdón que dejaban fuera del alcance de la justicia a cientos de represores.
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