El anteproyecto de ley reforzará los derechos de los extranjeros extracomunitarios residentes en España, pero endurecerá también las condiciones para la reagrupación familiar y elevará a 60 días el plazo de retención de inmigrantes ilegales.
'(El proyecto) actualiza lo que era necesario adaptar a una nueva realidad', dijo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La nueva ley ampliará derechos que hasta ahora no estaban reconocidos para los inmigrantes, como el de asociación, huelga o manifestación, y adaptará de esa forma esos derechos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las directivas de la Unión Europea.
Corbacho, que ha fomentado desde su llegada al Gobierno este año una línea migratoria más estricta, dijo que los cambios girarán en torno a los principios básicos de las políticas de su departamento en torno a la lucha contra el tráfico de personas, la vinculación de la inmigración con el mercado de trabajo y la integración de los inmigrantes en la sociedad.
Entre las novedades de la reforma figuran la ampliación a 60 días del período de internamiento en situación irregular, frente a los 40 de la actualidad, y un aumento de las multas en caso de infracción, como el paso de 10.000 a 100.000 euros de las sanciones económicas si se simula un matrimonio de conveniencia o la contratación de un extranjero para su regularización.
En lo que respecta a la reagrupación familiar, los inmigrantes podrán introducir en el país a su pareja o hijos menores de 18 años cuando lleven un año viviendo en España, pero para reagrupar a los ascendientes - que deberán ser mayores de 65 años para que su llegada no afecte al mercado laboral - tendrán que tener un permiso de residencia de más de cinco años.
España cuenta oficialmente con unos cinco millones de residentes extranjeros registrados en los ayuntamientos, entre ellos más de 700.000 rumanos, casi 650.000 marroquíes y más de 400.000 ecuatorianos.
El texto será remitido a organismos consultivos para que elaboren un informe y, tras un nuevo paso por el Consejo, irá al Parlamento, donde se debatirá en el primer trimestre de 2009.
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