El Parlamento de Argentina ha convertido este miércoles en ley un proyecto que habilita al Estado para expropiar Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, después de que fracasaran las negociaciones para una compraventa de las empresas.
Tras la aprobación de la ley, Marsans dijo que considera la expropiación como una "confiscación arbitraria e ilegítima", porque contradice un acuerdo entre el grupo y el Gobierno argentino firmado en julio, "por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas".
Marsans informó de que ha interpuesto una demanda ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una "compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años".
Cinco horas de debate
La iniciativa fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 21 en contra, tras un debate de casi cinco horas en el que el oficialismo hizo pesar su mayoría y al cabo del cual los siete sindicatos que agrupan a los 9.600 empleados de la línea aérea de bandera festejaron el fin de siete años de gestión de Marsans.
En el debate, las principales fuerzas de la oposición se manifestaron a favor de la "recuperación" de la empresa, pero no de que la compañía sea expropiada en su conjunto.
"Hacerse cargo de un muerto"
El senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), dijo que la expropiación es "la salida más cara" para Argentina pues, en vez de solicitarse la quiebra de la compañía, de este modo el país "se hace cargo de un muerto" ya que "pagará todo el pasivo" de la empresa.
El oficialismo, en tanto, defendió la expropiación al alegar que dejar quebrar la aerolínea hubiera supuesto dejar al país sin servicio aéreo y a miles de trabajadores en la calle.
Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español. La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
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