La Delegación del Gobierno de Aragón, el Ejecutivo autonómico, el Consejo de Colegios de Abogados, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el fiscal superior firmaron el miércoles un protocolo de coordinación interinstitucional para mejorar la lucha contra la violencia de género.
Las áreas de actuación que contempla el protocolo son la sanitaria, judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de servicios sociales y servicios de igualdad.
En lo referente al ámbito sanitario, la consejería de Salud y Consumo se encargará de atender la salud física y psicológica de las víctimas, así como la detección de la violencia de género y la prevención de la misma.
El personal sanitario que atienda a la víctima deberá realizar una entrevista para confirmar o descartar la situación de violencia.
Si la gravedad de las lesiones lo justifica, el personal sanitario que atienda a la mujer solicitará a la autoridad judicial la presencia de profesionales de la Unidad de Valoración Forense con la finalidad de que se pueda obtener en un sólo acto las pruebas médico-legales necesarias.
Por otro lado, el personal sanitario que en el ejercicio de su profesión tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de un delito de violencia de género tiene la obligación legal de ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial.
La consejería de Política Territorial, Justicia e Interior de Aragón, a través de las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, facilitará todo tipo de información acerca de los centros de acogida más cercanos o la posibilidad de la asistencia jurídica gratuita.
Además, pondrá a disposición de la víctima la posibilidad de solicitar la orden de protección facilitándole modelos en distintos organismos judiciales, así como en las fiscalías o en las Oficinas de Atención a la Víctima, entre otras entidades.
En los últimos años se ha incrementado el número de denuncias, igual que el número de profesionales de las diferentes administraciones y entidades que trabajan contra la violencia de género, mientras que el número de órdenes de protección se ha estabilizado, situándose actualmente en las 1.900 en Aragón.
Unos 50 policías nacionales se dedican en exclusiva a esta tarea en Aragón, a los que hay que sumar los agentes a la Guardia Civil y a la policía local y el resto de profesionales de otras áreas. El protocolo dará "mayor seguridad jurídica" a las víctimas, agregó el delegado del Gobierno, Javier Fernández.
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