Entre lágrimas y a preguntas de la fiscal, quien solicita para la acusada una pena de 18 años de prisión, relató que diez días antes de que se produjera el fallecimiento los médicos del complejo hospitalario de Torrecárdenas que atendieron al pequeño por un dolor de oídos le advirtieron de que éste podría estar siendo maltratado por la cuidadora debido a los hematomas que tenía en el cuerpo, aunque se negó a facilitar su nombre y les dijo que la procesada "no podía estar haciendo algo así".
Aún así y como los facultativos decidieron remitir el parte de lesiones al juzgado de guardia, según aseguró, se dirigió a M.R.A. para pedirle explicaciones sobre los moratones que la acusada achacó a que el niño "se caía mucho". "Le dije entonces --ahondó-- que eso no podía ser, que lo iba a sacar de allí. Entonces se echó a llorar y me dijo que lo iba a cuidar mejor a partir de ese momento".
Durante la práctica de la prueba testifical, que continuará mañana con la declaración de los agentes que instruyeron las diligencias por la muerte del bebé, tanto la progenitora como una de las empleadas de la empresa de limpieza de su propiedad destacaron dos contradicciones de M.A.R. durante la primera sesión de la vista oral al tiempo que se confirmó la actitud esquiva que le atribuye el fiscal a la hora de dar explicaciones sobre lo que pasó el 3 de diciembre de 1996.
La empleada confirmó, asimismo, que la quemadura que el pequeño tenía en el labio superior se la produjo un cigarro que la acusada tenía en la boca cuando le cogió en brazos y no la madre, quien afirmó ante la sala no haber fumado nunca debido a que padece asma. Por su parte, la facultativa que prestó los primeros auxilios a la victima achacó a la procesada una actitud esquiva ante las preguntas que le hacía para poder hacer un diagnóstico.
M.R.A. se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión por un presunto delito de asesinato con alevosía y el pago de una indemnización de 150.000 euros que la acusación particular rebaja en 30.000 euros aunque solicita una pena de 20 años de cárcel al considerar que concurre la agravante de abuso de confianza.
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