Un total de 25 caballos de pura raza han sido intervenidos cautelarmente en una explotación de Colmenar (Málaga), donde permanecían en condiciones sanitarias pésimas y desnutridos porque habían sido alimentados sobre todo con paja por su dueño, un constructor que ha alegado problemas económicos.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudieron al lugar tras la denuncia presentada, el pasado 26 de noviembre, por el Colectivo andaluz contra el Maltrato Animal y Medioambiental (Cacma).
Encontraron a los animales en un estado de caquexia debido a la falta de alimento y con lesiones físicas severas, algunos de ellos con tumores en carne viva.
El propietario de los caballos ha sido imputado por la Guardia Civil por un delito de maltrato animal, y por otro de desobediencia a la autoridad tras negarse a la retirada de los caballos, diligencias que han sido presentadas hoy en el juzgado.
Al cuidado de un veterinario
Los animales están ahora cautelarmente en la explotación al cuidado de un veterinario de la Oficina Comarcal Agraria de Vélez-Málaga, dependiente de la Junta, con el fin de garantizar su bienestar.
Los ejemplares, valorados entre 6.000 y 8.000 euros cada uno, sufren de delgadez extrema, atrofia muscular, debilidad y tumores, según la Guardia Civil, que precisa que el deterioro que presentan algunos caballos haría aconsejable la eutanasia.
Hace dos meses, el Seprona de Vélez-Málaga denunció la situación de los caballos, aunque los animales no se encontraban en el estado actual, al que han llegado porque su propietario no les ha proporcionado el alimento y el tratamiento adecuado en este tiempo.
No obstante, los inspectores de sanidad animal "no ven motivos para sacrificar a ninguno", según Moreno.
Compromiso
Tras salir a la luz el caso, el dueño se ha comprometido a alimentarlos adecuadamente para lograr su recuperación y dice que le administrará el pienso necesario.
No obstante, el compromiso adquirido no implica la paralización de la denuncia por maltrato animal y desobediencia a la autoridad presentada por la Guardia Civil en los juzgados, que sigue su curso.
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