La grabación de los detenidos por terrorismo mientras permanecen incomunicados, que el Gobierno central ha incluido en el borrador del "Plan de derechos humanos" que aprobará previsiblemente el próximo viernes, es una medida que ya aplica la Ertzaintza y que estudian los Mossos d´Esquadra.
La Ertzaintza dispone desde hace unos años de un protocolo que regula la utilización de las cámaras, la custodia de las grabaciones, las garantías de seguridad y las previsiones de control por organismos judiciales.
Aunque la Policía Autónoma vasca comenzó a realizar grabaciones sólo en el caso de arrestados no incomunicados, desde el inicio de esta legislatura el Departamento de Interior vasco decidió extender la medida a los "incomunicados" para aumentar las garantías de respeto a los derechos de estos detenidos.
En el caso de los Mossos d´Esquadra no existe un protocolo que regule las grabaciones, aunque recientemente han salido a la luz múltiples vídeos de cámaras instaladas en las comisarias, por lo que la policía autonómica catalana ya estudia regular la medida, tal y como ha hecho la Ertzaintza.
De hecho, algunos jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se han anticipado al Ejecutivo y han ordenado la grabación de los detenidos durante el periodo de incomunicación.
Así lo hizo Garzón por primera vez con once detenidos en 2006 en el marco de una operación contra el terrorismo islamista desarrollada en Ceuta.
La abolición del régimen de incomunicación ha sido también una de las reiteradas peticiones realizadas por el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Martin Scheinin, en sus últimas visitas a España.
En este mismo sentido el Parlamento VAsco aprobó en noviembre de 2007 una proposición de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, entre otras cosas, impedir la incomunicación de los detenidos.
Sin embargo, algunas de las peticiones formuladas por el Parlamento de Vitoria, entre ellas la grabación en comisaria de los detenidos incomunicados, han sido recogidas ahora por el Gobierno central. .
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