Esta iniciativa permitirá que propietarios de viviendas en Cartagena puedan alquilarlas a familias con rentas medias y bajas, ya que será el Ayuntamiento de Cartagena quien pague la póliza de un seguro que cubrirá asistencia jurídica, impago de alquileres y los posibles actos vandálicos de los inquilinos, según informan fuentes municipales.

El objetivo de esta propuesta es "incentivar a los pequeños arrendadores a ofertar sus viviendas en el mercado con la garantía de que el Ayuntamiento de Cartagena cubrirá los gastos de las pólizas y actuará como intermediario entre la inmobiliaria o el propietario y la familia", haciendo una selección previa de las familias que podrán acogerse a esta opción.

Esta iniciativa va destinada a familias con una renta media o baja, con dificultades para acceder a los precios del mercado de alquiler. La póliza especifica además que el alquiler no podrá superar el 45 por ciento de los ingresos familiares y el límite del precio del arrendamiento será de alrededor de 450 euros al mes.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha explicado que el objetivo que se persigue es garantizar a los arrendatarios que no tendrán dificultades para cobrar los alquileres y que los daños que puedan sufrir sus viviendas por actos vandálicos estarán cubiertos por el seguro contratado por el Ayuntamiento.

"Si se incrementa el parque de viviendas en alquiler, previsiblemente bajarán los precios, con lo que las familias con rentas más bajas podrán acceder a una vivienda de forma más sencilla", ha destacado Castejón.

REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES

En la Mesa de Vivienda también se ha informado de que el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó en marzo la ordenanza municipal que regula el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de adjudicación de viviendas sociales en régimen de arrendamiento.

Hasta el 24 de agosto permanecerá abierto el plazo de solicitud para inscribirse en el Registro de Demandantes de Viviendas, que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia, objetividad y libre concurrencia en la adjudicación de vivienda social.

Una vez finalice el plazo de inscripción se harán públicas las listas de demandantes, en las que los inscritos aparecerán con una puntuación obtenida tras la aplicación de un baremo.

El listado tendrá una validez de dos años durante los que se irán adjudicando las seis viviendas de las que dispone el Ayuntamiento, dos de las cuales están siendo adaptadas para personas con discapacidad. Además, el Ayuntamiento dispone de dos viviendas más que se rehabilitarán en breve para incluirlas en el parque de viviendas sociales.

El nuevo Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación ha trabajado también en una guía de recursos para que los ciudadanos dispongan de información sobre sus derechos y los organismos que pueden prestarles ayuda en relación a los problemas con la vivienda.

La guía, que se editará en breve, será distribuida en puntos de información clave y servirá a los profesionales a la hora de orientar a los ciudadanos, ya que en ella podrán encontrar los recursos más adecuados para cada caso.

Desde que el SAVI se puso en marcha hace dos años se han atendido 1.300 peticiones, que han ido incrementándose de forma progresiva, conforme los ciudadanos conocían este servicio, lo que pone de manifiesto su utilidad pública.

En estos dos años han disminuido de forma considerable las ejecuciones hipotecarias, mientras que la intermediación bancaria ha experimentado un incremento, lo que demuestra, según indican las mismas fuentes, que los ciudadanos conocen este servicio y, por tanto, recurren a él para solicitar ayuda en caso de necesidad de reestructuración de deuda, daciones en pago, alquileres sociales o simplemente para solicitar información sobre las cláusulas suelo, entre otras cuestiones.