Los estudiantes expedientados por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en abril y mayo pasados tras un asalto al despacho del rector durante las protestas por la implantación del plan de Bolonia, se enfrentan a la expulsión de la universidad por un periodo que puede ser de hasta 11 años, ha explicado uno de los estudiantes afectados.

La UAB abrió expedientes a estos alumnos por los asaltos al despacho del rector y al consejo de gobierno, y por los altercados ocurridos en abril y mayo pasados durante unas protestas estudiantiles organizadas en contra de la aplicación de las reformas educativas del plan de Bolonia.

Los incidentes sucedieron cuando se celebraba la junta de constitución y sesión permanente de la Facultad de Filosofía y Letras, en la que estaba prevista la discusión sobre los nuevos planes de estudios que marca Bolonia.

Las mismas fuentes han señalado que la noche de este jueves su abogado les comunicó las sanciones que se proponen en la instrucción de los expedientes disciplinarios, y contra las que tiene previsto presentar alegaciones, aunque todavía no son firmes.

Creen que se ha aplicado un reglamento "franquista"

El estudiante afectado, para el que se piden tres años, ha explicado que para que la propuesta de sanción sea firme debe estar ratificada por el rector de la UAB, Lluís Ferrer, y por la candidata a Rectora, Anna Ripoll.

Para los estudiantes, la instrucción ha aplicado un reglamento "franquista" que no ha respetado los mínimos del Estado de derecho, y se ha aplicado un procedimiento de instrucción partidista, irregular, y en el que se ha violentado la presunción de inocencia.

Consideran que la apertura, instrucción y sanciones no tienen otro objetivo que el de reprimir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación de los estudiantes que denunciaron y han reclamado públicamente la dimisión del equipo de gobierno y de la decana de la Facultad de Letras por la carga policial del pasado 4 de marzo a la Facultad de Letras.

La nota aseguran que continuaran luchando por la enseñanza pública al servicio de la sociedad y no de la patronal, siguiendo con el ejemplo de los compañeros de otros lugares que están ocupando facultades y rectorados.