El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', ha imputado a 24 empresarios por su presunta vinculación a la trama de corrupción municipal por el trafico ilegal de licencias, entre los que figura el dueño de la discoteca clausurada Moma y varios directivos de la clínica Ruber Internacional, así como de la compañía de Seguros Ocaso.

Entre la segunda y tercera semana de diciembre, el juez escuchará a los empresarios y volverá a tomar declaración a los presuntos cabecillas de la red corrupta: Victoriano Ceballos, el antiguo jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el responsable del Departamento de Evaluación Ambiental.

El próximo 10 de diciembre también comparecerán como imputados el dueño de Pizza Mascaldonne, de un restaurante asiático, de uno de comida india, de una joyería, de Ofiprix, de un local de la calle Duque de Alba y de un restaurante de Hermosilla.

El día 15, acudirá al Juzgado el propietario de un bazar, del restaurante Inmomal, de un estudio de tatuajes, de una cervecería, del Pub Rogelios, del local La Hacienda Argentina y de un establecimiento de la cadena Ahorra Mas, entre otros.

El día 16, desfilará ante el juez el propietario de la clínica Ruber Internacional de la calle Juan Bravo y su director financiero. El magistrado investigó a los directivos tras conocer, a raíz de una escucha telefónica, que los imputados Fernando Ruiz Torrejón y Santiago Castillo acordaron embolsarse 30.000 euros por la licencia de una reforma en la clínica. También declararán ese día los dueños de varios locales, situados en Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris.

Un día después, comparecerán como imputados dos cargos de la compañía Ocaso y como testigo un funcionario de la Gerencia de Urbanismo.

También declararán el próximo 16 los dueños de varios locales, situados en la calle Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris. Ese día, el instructor interrogará además al responsable de la cervecería Cervantes, en la plaza de Jesús.

La imputación del dueño de esta cervecería se debe a la comisión de delitos urbanísticos por producción de alteraciones y obras sin licencia en edificios protegidos ubicados en la calle Santa Lucía, Flor Baja y Piamonte. En este apartado, el juez amplía las imputaciones a otros empresarios por su relación con el anterior local.