La semana pasada, la Justicia argentina ordenó la intervención de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral y designó un tasador, argumentando que la firma ibérica Marsans obstruía la autoridad del gerente general que actúa en representación del Gobierno.
Ahora, la iniciativa parlamentaria empieza a recorrer el tramo final de la expropiación al declarar a las empresas 'de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones', según cita la agencia Télam de noticias.
Los diputados aspiran a poder tratar el proyecto la semana próxima en la Cámara baja.
El grupo español Marsans, que adquirió las aerolíneas en 2001 cuando estaban al borde de la quiebra, anticipó que si el Estado argentino avanza con el proceso de expropiación llevará el caso a los tribunales internacionales.
La semana pasada, el Gobierno señaló que las compañías, enredadas en un sinfín de huelgas y problemas de funcionamiento y altamente endeudadas, valían cero.
El grupo español tasó las aerolíneas en unos 400 millones de dólares.
Según un acta suscrita meses atrás, en caso de que el grupo empresario y el Estado argentino no lograran acordar un precio se debería realizar una tercera tasación independiente.
Pero la Casa Rosada consideró que el acuerdo había caducado ya que Marsans no presentó los balances ni realizó una tasación correcta y decidió impulsar la expropiación para garantizar la continuidad del servicio y de la fuente de empleo, según argumentaron distintos responsables.
'No podemos aceptar que el transporte público aéreo en la Argentina siga en manos de una empresa que opera con notable incapacidad', sostienen los diputados, que advierten sobre la situación de 'riesgo e inseguridad de sus prestaciones en un contexto de quiebra'.
Desde hace meses, el Estado argentino está inyectando fondos para posibilitar que ambas aerolíneas continúen operando.


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