En los últimos meses, media docena de blogueros españoles han pasado por los juzgados por diferentes causas relacionadas con la libertad de expresión. Al tiempo, algunas instituciones y organismos oficiales europeos quieren regular los blogs para tratar de frenar los comentarios anónimos y ofensivos que muchas veces se realizan. Pero más allá del debate europeo, en países como China, Cuba o Irán numerosos blogueros se encuentran en la cárcel por dar a conocer sus opiniones.
Sin embargo, el Parlamento Europeo ha rechazado, en una votación celebrada el pasado mes de septiembre, una propuesta para aplicar a los blogs las mismas normas que regulan a otras publicaciones. Al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de crear un debate abierto para definir el estatuto de las bitácoras en Internet. Por su parte, las asociaciones de ciberderechos y los propios internautas se han mostrado contrarios a dicha propuesta, ya que consideran que su aplicación puede suponer una reducción en las libertades civiles en Internet.
Contribución a la libertad de expresión
El Parlamento Europeo considera que los blogs han supuesto una nueva forma de contribuir a la libertad de expresión. Sin embargo, cree que son una herramienta cada vez más usada por los profesionales de los medios de comunicación, por lo cual deben ser regulados, al igual que el resto de medios convencionales. Entre otras medidas, se barajaba la posibilidad de crear un registro voluntario de blogueros, para tener un control de cada uno y hacerles responsables de sus opiniones.
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) vigila estrechamente las denuncias presentadas por empresas e instituciones a varios blogs, ya que considera que puede significar un recorte en la libertad de expresión, como está ocurriendo en muchos países del mundo, según se desprende de su último informe sobre la libertad de prensa (PDF) en el mundo.
Entre los blogueros españoles que han pisado el juzgado en los últimos meses se encuentra Julio Alonso, responsable del blog Merodeando, condenado en primera instancia a pagar una multa de 9.000 euros por vulnerar el derecho al honor de la Sociedad General de Autores (SGAE) al negarse a retirar 22 comentarios realizados por terceros de manera anónima en su blog.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) indica en su artículo 16 que "los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario en el supuesto de que no tengan conocimiento efectivo de la actividad, o si lo tienen, sean diligentes en retirarlos". Sin embargo, el autor del blog Merodeando fue condenado por lesiones al derecho al honor, no aplicándosele la exención de responsabilidad prevista en la LSSICE, según reza en la sentencia judicial, aunque figure en la ley de prensa de 1960.
Los derechos de los blogueros
El abogado David Maeztu, especializado en Nuevas Tecnologías, mantiene el blog Derecho de los blogs desde el pasado mes de agosto, para dotar de un mejor conocimiento legal a los autores de bitácoras. Así mismo, recopila informaciones de interés sobre diferentes causas abiertas a blogueros de todo el mundo.
Una de las cuestiones más solicitadas por los blogueros es qué hacer a la hora de recibir un burofax por parte de una empresa, institución o particular para que retire un comentario una entrada escrita en el blog. En muchas ocasiones, los blogueros no saben cómo actuar, o comenten errores que pueden ser aún mas graves que la causa por la cual han recibido el burofax, como dar datos personales de terceros sin la autorización de un juez.
Para ayudar a los blogueros en estas cuestiones, Maeztu dispone de un post con consejos para blogueros a la hora de recibir un burofax. Lo más importante, según Maeztu, es leer con detenimiento el contenido del burofax y contactar con un abogado de confianza, ya que muchas veces el burofax sólo intenta amedrentar al bloguero. Cualquier decisión que tome por su cuenta, sin consultar con un abogado, puede jugar en su contra.


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