Prisión para el alcalde y un edil de Librilla por presunta corrupción urbanística

El juez Andrés Carrillo ha dictado esta madrugada prisión provisional sin fianza para el alcalde de Librilla (Murcia), José Martínez García (PP); su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés, y el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Murcia dictó libertad con cargos y sin fianza, con obligación de presentarse ante el juez cada 15 días, para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.

Todos ellos fueron puestos a disposición judicial después de ser detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Murcia y Librilla por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener unos beneficios de unos siete millones de euros.

Las esposas de Cano y Cortés, también detenidas el pasado martes, y el profesor de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, Cesáreo Gil de Pareja, asesor jurídico del ayuntamiento de Librilla hasta 2006 y contratado por Acadi para redactar el PGOM hasta junio de ese año, arrestado el jueves, no llegaron a pasar a disposición judicial, al ser puestos en libertad por la Guardia Civil.

El hoy liberado Peñalver llevaba la empresa Acadi junto a José Luis Cano, jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Murcia hasta que pidió una excedencia en junio de 2007.

"Chantaje que duraba años"

Al abandonar los calabozos junto a su abogado Evaristo Llanos, Peñalver dijo haberse "quitado de encima un chantaje que ya duraba muchos años" y alegrarse "de ser parte y haber colaborado con la investigación de los guardias civiles", momento en el que su letrado le recordó que el sumario es secreto, razón por la que éste no citó los cargos que se le imputan a su defendido en el auto del juez.

Por su parte, María Pascual, abogada del gerente de la empresa municipal del suelo -la sociedad limitada Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL)-, del alcalde de Librilla y del edil de Urbanismo -también presidente, y consejero delegado y secretario de IDL, respectivamente-, avanzó que la próxima semana habrá nuevas declaraciones, tras las que el juez volverá a pronunciarse sobre la situación procesal en la que quedarán entonces sus tres defendidos.

La letrada no pudo al final ni siquiera verlos porque cuando bajó a los calabozos ya se los habían llevado a la prisión de la pedanía murciana de Sangonera la Verde en un furgón de la Guardia Civil, escoltado por dos de sus vehículos, uno delante y otro detrás.

Por último, Francisco Valdés, letrado defensor de José Luis Cano, dijo no entender cómo no había prestado declaración ante el juez el abogado urbanista Cesáreo Gil de Pareja, cuando el resto de declarantes se habían referido a él en el interrogatorio judicial.

"Nos vamos un poco decepcionados porque nuestro defendido no tenía que soportar una medida tan dura", añadió, aunque "por suerte" "se ha tomado bien" la decisión de su envío provisional a prisión.

Ello se debe en parte, aclaró, a que desde esta mañana "le venía diciendo constantemente que esto podía ocurrir, que era lo más probable, para que estuviera psicológicamente preparado, porque luego es más fácil llevarse una alegría que esperar lo contrario y, de pronto", decidan enviarlo a la cárcel, como ha ocurrido.