La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y un día de prisión a Gabriel Alejandro Fernández, el propietario del bar
"242" de la calle Entença de Barcelona, por los ruidos procedentes de su local, que estuvo funcionando ilegalmente como "after" durante seis meses.
En una de las inspecciones se contaron hasta 40 personas bailando
La Audiencia condena al procesado por un delito contra el medio ambiente, pero le absuelve de los nueve delitos de lesiones de que le acusaba la fiscalía (que solicitaba quince años de cárcel en total) por los daños que causó en la salud de sus vecinos. Además, le condena a pagar una
multa de 15.000 euros y a indemnizar con 5.000 a cada uno de los
nueve vecinos a los que afectaron los ruidos, entre los que hay cinco menores, por las "molestias" que les provocó la música procedente del local.
La sala, sin embargo,
no ha ordenado la clausura del bar, como solicitaba la Fiscalía, porque desde el pasado mes de abril el procesado efectuó las correcciones necesarias para aislar su establecimiento y adquirió un nuevo equipo de música y un limitador de ruido.
La sección octava de la Audiencia de Barcelona se muestra favorable en su sentencia a que el Gobierno conceda a Gabriel Alejandro Fernández un
indulto parcial, que le libre de cumplir dos años de prisión, tras admitir que la pena impuesta es "excesiva" y que el daño causado con su conducta "no ha llegado a producir resultado lesivo".
Los vecinos tuvieron que medicarse contra el insomnio y los fines de semana se iban de casa para poder dormir
Según cree probado la sentencia, durante los seis meses en que estuvo funcionando ilegalmente como "after", entre diciembre de 2006 y junio de 2007, los ruidos procedentes del "242" alcanzaron hasta
46 decibelios en el dormitorio de las víctimas, lo que supera con creces el límite de 30 previstos por la ley en horario nocturno.
Aunque tenía licencia de local de restauración y bebidas, el local estaba abierto de 22.00 a 03.00 horas y
de las 05.00 a las 13.00 y disponía de pista -donde en una de las inspecciones se contaron hasta 40 personas bailando-, así como altavoces y un equipo de música sin limitador de ruido.
La Guardia Urbana realizó hasta
seis mediciones sonométricas en los dormitorios de los afectados, que en el juicio explicaron que debido a los ruidos tuvieron que
medicarse contra el insomnio y que los fines de semana se iban de casa para poder dormir.
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