Eloy Sánchez y Francisco Silgado pasaron de un día para otro de ser agentes modélicos a presidiarios corruptos. Ocurrió en 2001 y el detonante fue el testimonio de una prostituta, que les acusaba de presuntos cobros a meretrices extranjeras. Hoy, siete años después, el Estado les indemniza con 162.810 euros, pero ellos aseguran que para lo que pasaron "no hay compensación posible", asegura el diario El Mundo.
Los dos agentes consideran que fueron víctimas de mobbing policial, ejercido por parte de sus compañeros. Ambos ejercían en la Brigada de Extranjería de Cáceres, cuando en 2001 la brigada de asuntos internos les acusó de varios delitos de corrupción.
Arrestados durante 72 días en régimen de prisión preventiva, el fiscal llegó a pedir para ellos 15 años de prisión. Lo primero que hicieron, al verse encarcelados con gente a la que ellos mismos mandaron a prisión, fue pedir la visita de un psiquiatra.
En este tiempo, los agentes han pasado por situaciones psicológicamente muy difíciles. Uno de ellos hasta intntó suicidarse. Las familias de los policías fueron condenadas al ostracismo por sus propios vecinos. Un dolor que según los dos agentes, no se paga con dinero alguno.
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