Según apuntó Robles, también vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid, el proceso ha "obviado y ninguneado" a los municipios, con los que "no ha contado en ningún momento", y además incumple normas básicas de los propios pliegos de condiciones para las adjudicaciones.
Aparte de esta acción meramente política, explicó Dionisio, los servicios jurídicos del PSM estudian defectos en el proceso de adjudicación, además del ya denunciado "incumplimiento de la legalidad" al dar las adjudicaciones por diez años, cuando el pliego de condiciones establece cinco, para intentar frenar el proceso.
Dionisio, no obstante, confió en "el sentido común" del Gobierno regional para dar marcha atrás porque estas adjudicaciones van más allá de la "mera manipulación de medios de comunicación", dijo, al ser vías tecnológicas muy importantes para el futuro del acceso a la información de los ciudadanos, y se lamentó de que el Gobierno "no haya sabido aprovechar esta oportunidad única de crecer".
Los ciudadanos "no se van a sumar a esa barbaridad", consideró, y añadió que los alcaldes, sobre todo los del sur, -que representan a un millón y medio de personas, casi dos veces Sevilla, recordó Castro- están detectando que la opinión pública "empieza a estar un poco harta de la manipulación del Gobierno". "
Muy mal se tiene que ver Esperanza Aguirre para forzar algo así", apuntó Sacaluga, quien lanzó una pregunta retórica, al menos, hasta septiembre, sobre si la presidenta "avala" todo el proceso de adjudicaciones.
En ese sentido, Pedro Castro anunció la intención convocar en una Plataforma Social a todos los agentes que debieron ser consultados, en su opinión, y no lo fueron, como foro de consulta y para asegurar "el máximo consenso, la participación de los sectores afectados y el aprovechamiento de su implantación para modernizar los procesos productivos del sector".
Críticas al Gobierno regional
El manifiesto critica asimismo la actitud del Gobierno regional al anunciar las concesiones "con agostismo, alevosía y semiclandestinidad" y el hecho de que no haya tenido en cuenta la experiencia como factor relevante para las adjudicaciones, al tiempo que recuerda sus "consecuencias nefastas" para el empleo, sobre todo en aquellas cadenas que ya están emitiendo "y que han sido ignoradas por el PP".
Sacaluga advirtió por último que "si no se produce esa suspensión y empiezan a emitir las empresas concesionarias y luego nos dan la razón los tribunales, habrá que indemnizarlas y ya sabemos todos de dónde va a salir el dinero para hacerlo".

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