Los españoles consideran que la Sanidad es el servicio que más ha mejorado en los últimos años

Esta encuesta analiza -con una muestra de 1.500 personas mayores de dieciocho años cuya principal actividad económica esté incluida en la dinámica fiscal-, el comportamiento de los contribuyentes y su implicación contra el fraude, la relación entre los impuestos y los servicios públicos, así como la imagen corporativa de Hacienda.

Los resultados señalan que para el 49% de los encuestados la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de impuestos, seguido de la educación (el 16 por ciento) y las infraestructuras (el 11 por ciento).

Además, para el 36% de los contribuyentes, la sanidad también es el servicio que más ha mejorado en los últimos cinco años, seguido de las infraestructuras (el 27% ) y la educación (el 14% ).

Los asalariados, los que menos defraudan para los encuestados

En cuanto a la percepción de los contribuyentes respecto al cumplimiento fiscal, más de dos tercios de los encuestados opina que el pago de impuestos mejoró en los últimos diez años y el 59% cree que ha disminuido el fraude.

En este sentido, el estudio señala que los españoles manifiestan que los colectivos cuya actividad no está sometida a retención defraudan "sistemáticamente" a Hacienda, mientras que atribuyen más honestidad fiscal a los asalariados.

Así, el 68% de los encuestados opina que los empresarios defraudan a Hacienda "habitualmente"; el 33% cree que lo hacen los profesionales liberales y el treinta por ciento, los autónomos.

En este sentido, el 57% de los consultados cree que el fraude no se puede justificar en "ningún caso", mientras el 34% considera que ante determinadas circunstancias personales o laborales aprobarían hacerlo para "salir adelante".

Por otra parte, de los encuestados que consideran el fraude tiene consecuencias negativas, el 34 por ciento cree que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales y el 22 por ciento considera que obliga a aumentar la presión sobre los que cumplen sus obligaciones.

No obstante, casi dos terceras partes afirma que en el caso de conocer fraudes fiscales no lo comunicaría a la Agencia Tributaria, aunque, declaran, no contratarían servicios con una empresa o un profesional que figurara en una lista de defraudadores.