La Audiencia de Huesca ha decidido este jueves que sea un tribunal profesional y no un jurado popular quien juzgue el crimen del alcalde de Fago, Miguel Grima, por el que permanece en prisión como único imputado, desde febrero de 2007, el guarda forestal y ganadero Santiago Mainar.
Fuentes judiciales han informado de que la Audiencia ha confirmado el auto que en el mismo sentido dictó el juez de Jaca que instruyó el caso y descarta las tesis de la defensa, que pedía un tribunal popular.
El auto de la Audiencia se muestra favorable a las tesis de las acusaciones pública y particular -en nombre de la familia de la víctima y del PP-, quienes aprecian la existencia de un presunto delito de tenencia de armas, además del de asesinato, que no corresponde enjuiciar a un jurado.
Jueces profesionales
En su auto, según las fuentes, la Audiencia cita jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de que, en estos casos, sean jueces profesionales los encargados de enjuiciarlos.
La acusación del fiscal, que solicita 20 años para Mainar por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, es el principal argumento en el que se apoyó el juez instructor para determinar la existencia de dos delitos independientes.
Una emboscada al alcalde
Mainar, según el instructor, presuntamente asesinó a Grima con un disparo de postas efectuado con una escopeta de caza, que no ha sido encontrada, la noche del 12 de enero de 2007, en la carretera que une Fago y Majones, donde preparó una emboscada al alcalde cuando regresaba con su vehículo a casa tras participar en una reunión de cargos municipales en Jaca (Huesca).
El abogado de la familia de Grima, Enrique Trebolle, solicita para Mainar, que fue detenido el 2 de febrero de 2007 por la Guardia Civil, una condena de 21 años de prisión y una indemnización de 300.000 euros.
Por su parte, el letrado de la acción popular del PP, José María Vilades, suma a los dos delitos imputados por la acusación particular y la Fiscalía otro de atentado contra un cargo público y eleva la petición hasta los 26 años de cárcel.
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