La Asociación Memoria de Mallorca es la primera entidad española en presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la apertura de las fosas comunes autorizadas por el juez Baltasar Garzón.

El colectivo se concentró ante la Audiencia Provincial de Palma bajo una pancarta en la que se leía 'Dónde están, adelante con las exhumaciones ya', reclamando la apertura de fosas en los cementerios de Porreres y Calviá .

En la queja se ha adjuntado una relación de 1.500 personas asesinadas y desaparecidas en Baleares durante la Guerra Civil que podrían ser más de 3.000 si se cuenta la dictadura y 1.777 según Garzón.