Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspende, como medida cautelar, la obligatoriedad de cursar Educación para la Ciudadanía en la región hasta que se resuelvan los recursos presentados hasta el momento.
La decisión del juez se tomó tras la demanda interpuesta por algunos padres contra la resolución de la Junta de denegar las objeciones de conciencia para no cursar esta asignatura.
Los demandantes acudieron a los tribunales porque, según ellos, la obligación de estudiar esta materia vulnera «dos derechos fundamentales, el de libertad ideológica y el de decidir la formación moral de los hijos».
Temor a la tardanza
La sentencia se fundamenta en el periculum in mora que se refiere al peligro en la tardanza en la resolución del procedimiento y al supuesto daño que podría causar en dichas libertades el hecho de que los fallos lleguen cuando el menor ya haya cursado parte de la formación.
Además, deniega la justificación de la Junta para elaborar el recurso, basada en el perjuicio económico que supondría «aumentar los profesores para los alumnos objetores», ya que éstos son muy pocos.
La sentencia fija un plazo de cinco días para interponer un recurso de súplica, derecho que la Junta no ejercerá, según confirmó ayer. Además, se extenderá esta falta de obligatoriedad, que afecta a 16 alumnos, a todos los objetores de la asignatura, 106, según Educación.
Llamada a más objeciones
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, considera que la decisión «reconoce el derecho de los padres a educar en libertad».
Confió también en que nuevos tribunales se vayan «sumando a esta decisión» y aconsejó a los padres de familias con hijos en edad escolar que sigan objetando y no tengan dudas.
La situación en otras comunidades
Comunidad Valenciana. La materia se imparte en inglés, lo que ha creado muchas protestas y una masiva manifestación en contra (foto).
Aragón. Una sentencia ha dado la razón a los padres de varios alumnos objetores. La jueza se basa en que es una formación moral.
País Vasco. Las objeciones de conciencia son mínimas, sólo 40 entre 17.832 alumnos. Allí se ha advertido de que el que no vaya a clase suspenderá.
Andalucía. Los tribunales anularon los contenidos de esta materia que hacían referencia a la sexualidad y a las discriminaciones por razones de género. Dejan los que hablan de clonación o investigación con células madre.
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