Un juzgado de Familia de Sevilla ha fijado en 3.500 euros la pensión que un padre, un catedrático que cuenta con un patrimonio inmobiliario "muy importante", tiene que pasar mensualmente a su hijo de dos años. Así cuando el pequeño crezca no observará un "profundo desequilibrio" entre la situación económica de ambos progenitores que le lleve a elegir un determinado núcleo familiar por "un puro y libertino capricho".

En la sentencia el magistrado Francisco Serrano entiende "crucial" que se establezca la cuantía de la pensión en correlación a la real capacidad económica del padre, ya que en caso contrario "se sufriría el riesgo" de que cuando el niño tenga unos diez años y el progenitor unos 70 y, por tanto, "sin idoneidad alguna para asumir la educación, disciplina y control de un adolescente", se produzca una situación de "alienación parental invertida" que, "lamentablemente", resulta "común" cuando hay desequilibrios entre la economía del padre y de la madre.

Al hilo de ello, el magistrado explica que los niños, cuando adquieren uso de razón y su "egoísmo" supera sus vinculaciones afectivas y de apego, "confunden su verdadero interés con el de una voluntad manipulada, alienada y marcada por puro capricho".

Por tanto, el juez entiende que se ha de procurar que el desequilibrio económico se nivele para que la calidad de vida del menor "no experimente un brusco y patente cambio" con el fin de que el pequeño no opte por el núcleo familiar "en el que obtenga más beneficio".

El padre quería pagar 300 euros

El padre había abonado como pensión alimenticia de su hijo, 300 euros, cantidad que el juez considera como "ridícula". Y es que, la cuantía de esa pensión se ha fijado -3.500 euros- teniendo en cuenta el potencial del patrimonio del que dispone el progenitor, quien con la venta de una "ínfima" parte de sus bienes obtendría "la liquidez suficiente" para asumir que su hijo pueda vivir con su madre con la calidad de vida correspondiente a la que él puede proporcionarle.

El juez considera adecuada la pensión de 3.500 euros con la obligación de que la madre matricule a su hijo para el curso que viene en un colegio bilingüe, en lo que el padre también se ha mostrado de acuerdo".