La Sala de lo Penal de la Audiencia tomó la decisión en un pleno extraordinario celebrado el viernes a petición de la Fiscalía, informaron fuentes judiciales, y votó por 10 a 5 paralizar cautelarmente las diligencias no urgentes ordenadas por Garzón hasta que se decida si tiene potestad para investigar las desapariciones de miles de personas desde 1936 hasta los primeros años del franquismo.
'La ARMH interpondrá un recurso porque el fiscal de la Audiencia ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento al no avisar a las partes y generarles indefensión', dijo un comunicado difundido tras la decisión judicial.
'Se trata de alargar la tortura de han padecido estas familias desde que sus seres queridos fueron asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer', agregó el comunicado, en el que señaló que la asociación baraja una movilización de los familiares de los fallecidos para pedir justicia.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó el sábado tras el Consejo de Ministros su 'máximo respeto' a las decisiones judiciales, 'especialmente en una cuestión como esta'.
'El Gobierno, desde el sosiego y el rigor, va a seguir trabajando para reconocer a las víctimas que padecieron los efectos de la Guerra Civil y la dictadura', agregó.
NO TIENE COMPETENCIA
Garzón se declaró el mes pasado competente para investigar esas desapariciones en un auto en el que señaló que los actos de represión franquista eran delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad, por lo que consideraba que los hechos no habían prescrito ni estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
La Fiscalía cuestiona esta argumentación y opina, entre otras cosas, que la Audiencia no tiene competencia en este asunto por no estar sujeto a las reglas de la justicia universal, y cree que debe corresponder la investigación a los juzgados de cada territorio donde se perpetraron los crímenes.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica rechaza los argumentos del fiscal jefe de la Audiencia Javier Zaragoza y pide la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Gómez Pumpido, 'para evitar el padecimiento de las decenas de familiares que se van a ver afectados'.
El auto de Garzón autorizaba 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca desde 1936.
La reunión de la Sala se produjo precisamente al día siguiente de que el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón por encontrarse éste de baja médica, autorizara que la familia de Lorca asistiera a la apertura de la fosa del poeta.
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