La crisis del sector inmobiliario está provocando que muchas promotoras no logren vender los pisos ya construidos y tengan mucho stock y poca liquidez. El Gobierno vasco ha ideado una fórmula para solucionar ambos problemas: sacar al mercado de alquiler protegido los pisos que no encuentran un comprador.
Así, a través del programa de vivienda vacía Bizigune, el Departamento de Vivienda pondrá en régimen de alquiler social esas viviendas de nueva construcción por los que pagará a los constructores y promotores una renta máxima de 450 euros al mes.
Eso sí, éstos deberán arrendar las viviendas durante cinco años, aunque tendrán la posibilidad de recibir por adelantado el importe total de las mensualidades, que no superará los 27.000 euros. «Supone un alivio de la precaria situación de muchas empresas al favorecer la financiación pública anticipada de un inmovilizado al que no se le da una salida hoy en el mercado libre y al aportar liquidez a un sector que en estos momentos tienen dificultades para acceder al crédito», señaló ayer el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.
Además, los pisos se podrán poner inmediatamente en alquiler, sin que hayan permanecido nueve meses vacíos, como ocurre con las viviendas captadas a particulares en el programa Bizigune.
Los inquilinos de esta nueva modalidad, por su parte, como el resto de los arrendatarios que participan en el programa Bizigune, seguirán pagando también una renta que no supere el 30% de sus ingresos.
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