Gallardón y Aguirre excluyen a la Cañada Real de su plan contra el chabolismo

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital invertirán 110 millones de euros en los próximos siete años, financiados al 50% por cada administración, para desmantelar los núcleos chabolistas de El Cañaveral (Vicálvaro), Mimbreras II (Latina), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y El Ventorro (Villaverde), donde viven un total de 499 familias que serán realojadas.

Esta actuación se podrá realizar en virtud de un convenio firmado hoy por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tras el cual ambos resaltaron la necesidad de llevar a cabo esta iniciativa no sólo por razones urbanísticas, para poder dar otras utilidades a los suelos liberados, sino sobre todo por razones sociales, para "integrar y sacar de la marginalidad a esos ciudadanos en la estructura social de Madrid", en palabras del primer edil.

De esa reflexión surge el convenio firmado hoy, que permitirá desmantelar el barrio de tipología especial de El Cañaveral, con 118 familias, a la vez que el núcleo chabolista de Santa Catalina, donde residen 171 familias. Cuando ambos desalojos estén concluidos, el Ayuntamiento podrá comenzar el derribo del barrio de tipología especial de Mimbreras II, con 121 familias, así como con el del núcleo de El Ventorro, donde viven otras 89 familias. Fuera se queda, sin embargo, la Cañada Real, ya que no se considera un poblado chabolista, si no un "asentamiento ilegal". Previamente, el Ayuntamiento deberá haber tramitado todos los expedientes administrativos incluidas las autorizaciones judiciales, que solicitará por razones de "legalidad, seguridad, salubridad y sanidad en la zona".

Las personas que habitaban en chabolas serán realojadas por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid, mientras que las de las viviendas prefabricadas de los barrios de tipología especial irán a viviendas de propiedad municipal. En ambos casos deberán pagar una renta de alquiler de unos 80 euros, según el gerente del IRIS, Javier Ramírez.

Sin embargo, para beneficiarse de esta ayuda los interesados deberán ser mayores de edad y los miembros de la familia deberán residir y estar empadronados en el barrio afectado antes del 31 de diciembre de 2004.

Además, no podrán tener bienes inmuebles en todo el territorio nacional a la fecha de la firma del convenio, ni haber sido adjudicatarios como titulares de una vivienda de protección o de un contrato de arrendamiento sobre una vivienda de mercado libre. Con esto se pretende evitar el efecto llamada.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) deberá efectuar una aportación económica al IRIS equivalente a 110.000 euros por familia realojada. Al finalizar cada anualidad, la Comunidad deberá acreditar el grado de cumplimiento de los realojos previstos, teniendo en cuenta que ni los pisos ni el suelo dejarán ser nunca propiedad de las dos administraciones.

Según datos de la Comunidad de Madrid, en la región existen actualmente 1.254 chabolas, de las que 913 se encuentran en la capital. De hecho, el objetivo es que en 2011 se hayan erradicado todos los poblados chabolistas históricos de la ciudad, en un proceso que comenzó en 2003 con el Plan de Erradicación del Chabolismo.

Esto ha implicado un "esfuerzo presupuestario sin precedentes" según Gallardón, ya que si en 2003 el Ayuntamiento destinó 684.000 euros a las políticas de erradicación del chabolismo, en 2008 se alcanzaron los 16,8 millones (+25%), y a esto habría que sumarle "unas inversiones en esta materia de 71,7 millones de euros durante los últimos seis años".

Ahora, los últimos poblados en ser demolidos serán los de Trigales (Puente de Vallecas), donde se construirá la ampliación de Mercamadrid; y Puerta de Hierro (Moncloa-Aravaca), que suman 837 infraviviendas y que supondrán "la erradicación definitiva del chabolismo en la ciudad", un fenómeno "incompatible con el modelo de urbe solidaria e integradora" por el que apuesta Madrid.

"Los nuevos asentamientos nos causan enorme preocupación. Tenemos que extremar la prudencia porque si se consienten los asentamientos en lugares inadecuados luego vienen las riadas y la marginación. Este tema corresponde a la Policía Nacional, y quiero pedir a la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que extremen la prudencia en este asunto", indicó la presidenta autonómica.