En su auto, Garzón retira la imputación a otras 11 personas, incluido el dirigente del PNV Gorka Aguirre.
El juez imputa delitos de integración o colaboración en organización terrorista a dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre, alias 'Antoboto', y el dueño del bar irunés Faisán, Joseba Imanol Elosúa, en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario.
También están imputados en el proceso contra el aparato de extorsión de ETA, conocido como GEZI, seis directivos de la empresa Azkoyen.
Se trata del que fuera presidente del Consejo de Administración de la empresa, Ignacio Orbaiceta, los ex consejeros José María Careaga, Francisco Elizalde y Ricardo Armendáriz, su ex director general Ignacio Moreno y el ex jefe de Administración Jesús Marcos Calahorra.
Según datos del auto de Garzón, el dueño del bar Faisán mantenía contactos con empresarios con los que no tenía ninguna relación comercial, los cuales podrían estar dirigidos a la gestión del pago de cantidades de dinero exigidas por ETA.
Otro de los procesados, Ignacio Aristizabal, realiza las labores de 'intermediación' de la red de extorsión al menos desde septiembre de 2004, de acuerdo al auto.
Garzón señaló además que desde el año 2000 ETA se financia fundamentalmente a través de tres vías: los secuestros expréss, las aportaciones voluntarias y el impuesto revolucionario.
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