El Gobierno busca apoyos en el PNV para aprobar los Presupuestos de 2006

Querido albalat:
ahora de dejo algunos "asuntillos"de relevancia:

1. CASO GESCARTERA

El Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional investiga la desaparición de al menos 18 mil millones de pesetas de fondos depositados por inversores en la Agencia de Valores. Está imputado en la causa, entre otros, el Ex Secretario de Estado de Hacienda, E. Giménez Reyna. Asimismo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción , un Juzgado de Madrid investiga si el ex Diputado y ex Vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, cometió cohecho por aceptar regalos de los propietarios de la citada Agencia de valores. Como consecuencia de este asunto dimitió Pilar Valiente Presidenta de la CNMV.

2. CASO RODRI $ RATO Y SUS NEGOCIOS PRIVADOS :

CRÉDITOS AMIGOS DEL HSBC A UNA DE SUS EMPRESAS: Muinmo, la sociedad del vicepresidente Rodrigo Rato y de sus dos hermanos, Ramón y María de los Ángeles, que posee siete emisoras de radio recibe un crédito que le otorgó el HSBC en diciembre de 2000 por 525 millones de pesetas. El año anterior, la empresa sólo generó 130 millones. Muinmo tiene que devolver, con los intereses, casi 600 millones en dos años cuando en ese tiempo sólo ingresaría algo más de 200.

CONTRATOS PÚBLICOS QUE VULNERAN LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES : La sociedad Muinmo recibió contratos del Gobierno balear de 1999 a 2001 por valor de 30 millones. Muinmo controla en el archipiélago balear cinco emisoras: Palma, Inca, Manacor, Alcudia y Alaior. Esa publicidad institucional fue otorgada por cuatro consejerías: Bienestar Social, Presidencia, Educación y Ciencia y Agricultura. El artículo 2.2 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos establece que : 'Los titulares de altos cargos no podrán tener por sí o junto con su cónyuge e hijos independientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un 10% en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local. Los altos cargos que al ser nombrados poseyeran tal participación tendrían que desprenderse de ella en un mes, y si adquirieran tal paquete accionarial por sucesión durante su mandato, deberían venderlas en un plazo de tres meses'.

SEIS EMISORAS DEL CLAN DE LOS RATO CON 26.000 OYENTES RECIBIERON 40 MILLONES DE REPSOL EN PUBLICIDAD: Las seis emisoras de Muinmo, la cadena de radio de la familia Rato, han recibido este año 40 millones de pesetas en contratos publicitarios de Repsol, el 6,66% de los 600 millones que la petrolera ha destinado este año a inversión publicitaria en radio. La audiencia total de las seis emisoras, 26.000 oyentes según el Estudio General de Medios, representa menos del 0,14% de la audiencia de la radio en España (18 millones). Como ejemplo ilustrativo, Repsol facturará en el mismo periodo 67 millones a la SER, que cuenta con casi 200 emisoras y más de 10 millones de oyentes.

BANESTO COMPRÓ EN 1999 ACCIONES DE TRES EMPRESAS DEL CLAN RATO.15.10.01: Banesto adquirió en 1999 participaciones de tres empresas de la familia Rato: Aguas de Fuensanta, Cartera del Norte y Grupo Alimentario de Exclusivas. Las tres sociedades, relacionadas entre sí, fueron las únicas compras de Banesto ajenas a su grupo corporativo. El precio de la operación se desconoce, porque la dirección del banco negó a principios de este año esa información a un accionista, con el argumento de no 'perjudicar los intereses del banco'. Banesto compró el 16 de marzo de 1999 el 45,3% de Aguas de Fuensanta (donde figuran como accionista María Ángeles Alarco, esposa de Rodrigo Rato, y el cuñado del vicepresidente, José de la Rosa Alemany); el 40,53% del Grupo Alimentario de Exclusivas (la familia Rato controlaba en 1999 el 38% de la sociedad); y el 36,10% de Cartera del Norte (participada por empresas de la familia Rato). Las tres empresas tienen participaciones cruzadas y se complementan entre sí en la producción y comercialización de bebidas.

LA SOCIEDAD PRIVATIZADA ALDEASA TRABAJA DESDE 1997 CON LA EMPRESA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO : Aldeasa, sociedad pública hasta septiembre de 1997, cuando fue privatizada por el Ministerio de Economía, dirigido por Rodrigo Rato, trabaja desde ese año con Viajes Ibermar, empresa de la que es accionista el propio Rato, quien nombró en julio de 1996 al que aún es hoy presidente de Aldeasa, José Fernández Olano.

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 22 MILLONES A AGUAS DE FUENSANTA : El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, concedió una subvención este año a fondo perdido de 22.581.700 pesetas a Aguas de Fuensanta.La subvención, que se otorgó el 11 de abril de este año, lleva la firma de la directora general Belén Cristino Macho-Quevedo. Estas subvenciones tienen por objeto fomentar 'las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas'.


3. CASO MATAS & FORMENTERA

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares decide 'ordenar' al juez Antonio Monserrat, que decretó el archivo del 'caso Formentera' -supuesto delito electoral relacionado con votos por correo de emigrantes en Argentina-, que remita al Tribunal Supremo 'los indicios existentes para la imputación de Jaume Matas, [ex presidente del Gobierno balear y actual ministro de Medio Ambiente], y Rosa Estarás [ex consejera autonómica de Matas y actual diputada del Partido en el Congreso]'.

'Los indicios aportados por el Fiscal [de Baleares] son, en definitiva, plausibles', dictamina la sala del tribunal balear, que asume en gran parte las tesis acusatorias refrendadas por 28 de los 30 fiscales de la comunidad autónoma y las acusaciones que representan al PSOE, IU y PSM. La sala arguye que 'es claro que, a nivel indiciario, el delito de malversación puede existir' y que 'no puede descartarse terminantemente la existencia' de un delito electoral.

El caso Formentera se centra en la supuesta manipulación de 74 votantes emigrantes en Argentina, de los que 72 votaron en las últimas elecciones autonómicas a una lista local vinculada al Partido, y sobre la posible utilización de fondos públicos para captar esos votos.



4. CASO PRIMAS ÚNICAS BANCO DE SANTANDER

Investigado por la Audiencia Nacional. Ex. Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Eduardo Zaplana. Ex Alcalde de Orihuela .Ex. Diputado al Congreso. Investigado por presunto delito fiscal en relación con las primas únicas de Banco de Santander. En 1988 constituyó con este Banco cesiones de crédito por valor, al menos, de 164 millones de pts. Al parecer, los rendimientos, más de 15 millones de pts no fueron declarados a Hacienda. También está siendo investigada por la Agencia Tributaria su mujer, Ana Encabo . En la actualidad ocupa el cargo de Subsecretaria de Presidencia de la Generalidad valenciana

5. CASO MATAS & BITEL

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha decidido elevar al Tribunal Supremo las actuaciones por el supuesto espionaje electrónico del Gobierno balear a un diputado socialista en 1998, cuando el presidente autonómico era Jaume Matas, hoy ministro de Medio Ambiente. La causa, conocida como caso Bitel y consistente en el desvío del correo electrónico del dirigente socialista hacia el ordenador de los secretarios personales de Matas, había sido archivada el pasado febrero por el juez instructor. La Audiencia ha decidido ahora que se siga investigando tras un recurso del denunciante, el socialista Francisco Quetglas, actual consejero del Gobierno balear.Los hechos se remontan a 1998, cuando el Partido gobernaba en Baleares. En un debate sobre el estado de la comunidad, el 14 de octubre de 1998, Matas esgrimió un escrito mientras decía: 'Ha llegado a nuestras manos un documento interno...'. El documento de trabajo correspondía a Quetglas y había sido elaborado por una consultoría de Barcelona que se lo había remitido el 18 de septiembre, en exclusiva, a través de su correo electrónico en el Consell Insular de Mallorca. El correo de Quetglas estaba 'redireccionado' a otro ordenador de un colaborador de Matas. La empresa Bitel era la encargada del servicio y estaba participada en un 48% por la Administración balear, que dirigía Matas.

6. CASO ERCROS

Piqué participó, siendo ministro de Industria, en reuniones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno, en las que se examinó la situación del grupo químico que había presidido hasta 1996. Su firma, junto con la de los ministros de Trabajo de la época (Javier Arenas) y de Economía (Rodrigo Rato) formalizó la condonación de 7.400 milloncejos de pesetas de un préstamo total de 8.500 concedido a su empresa por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1994. Tras una denuncia de varios parlamentarios socialistas por la vulneración por Piqué de la Ley de Incompatibilidades porque no se inhibió en la tramitación de la condonación de deuda, el asunto está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, esta siendo objeto de investigación por la Audiencia Nacional la venta de la filial de Ercros, Ertoil, en enero de 1991 a la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH) y que formalizó Piqué ante notario, en julio de ese mismo año. Piqué nunca detalló las funciones que había desempeñado en Ercros (director de estrategia, consejero, miembro de su ejecutiva y, por último, presidente) .En su momento, la titular del Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional envió una resolución al Tribunal Supremo (Sala II) en el que eleva sus conclusiones sobre la instrucción que había llevado a cabo. En el documento se menciona al actual Ministro de Asuntos Exteriores Piqué como uno de los ocho miembros de la comisión ejecutiva de Ercros que acordaron vender Ertoil en noviembre de 1990. La juez de la Audiencia no ha conseguido establecer, quiénes fueron los destinatarios de alrededor de 20.000 millones de pesetas de los 41.400 que Ercros percibió por la venta de Ertoil. Por su parte, el Fiscal Vargas en varios informes ha apreciado delitos de alzamiento de bienes y apropiación indebida por parte de Piqué. El Fiscal General del Estado destituyó a Vargas. En estos momentos, las actuaciones continúan en la Audiencia Nacional ya que fueron devueltas por la Sala II del T. Supremo.


7. IMPUTADO EL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que ordena reabrir una investigación judicial por supuesta prevaricación, entre otros delitos, contra el actual secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y miembro de la Junta Directiva nacional del Partido, Benigno Blanco Rodríguez, y contra el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Ángel Sancho Marco. En el auto el tribunal ve 'indicios de criminalidad' en la actuación de varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente respecto al proyecto de construcción de un embalse sobre el río Ésera, dentro del término municipal de Santa Liestra (Huesca).

La Fiscalía de Madrid y el Ayuntamiento de Liestra, personados como acusación en las diligencias, afirman que Blanco aprobó la construcción de la citada presa sin que las obras dispusiesen 'del preceptivo y previo informe geológico y geotécnico' de los terrenos afectados por las obras. Blanco, según la fiscalía, dio luz verde al proyecto el 26 de mayo de 1997, cuando desempeñaba el cargo de secretario de Estado de Aguas y Costas de Medio Ambiente.


8. CASO LINO

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa al ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, en la causa en la que investiga el fraude cometido en las subvenciones al lino, un escándalo por el que tuvo que dimitir.


9.CASO MAÑUECO

Querella de la Fiscalía de Palencia contra el hijo del Senador y Ex consejero de la Junta de Castilla y León, Jesús Mañueco. La fiscalía acusa de tráfico de influencias y revelación de secretos bancarios. La presentación de la querella tiene su origen en unas acusaciones de un empresario palentino simpatizante del Partido.

10. CASO DE LA FUNERARIA AYUNTAMIENTO DE MADRID


Querella Fiscalía Anticorrupción. Informe Tribunal de Cuentas. Implicados: dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, un parlamentario regional y tres directivos de una sociedad que cotiza en Bolsa por la «irregular» privatización de la Funeraria municipal de la capital. El fiscal Anticorrupción sostiene que la privatización parcial de la Funeraria municipal de Madrid, consumada en diciembre de 1992, fue irregular. Entiende que ni se adjudicó al mejor postor ni se vendió a su justo precio. El ministerio público sostiene que hubo malversaron de caudales públicos al permitir que la compraventa se cerrara por 100 pesetas.



Por su parte, el juez que instruye el caso ha requerido en un auto a los concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno, y al ex concejal y ahora diputado regional del PP Luis María Huete, para que junto a otros tres cargos de la empresa privatizada "presten una fianza de nueve millones de euros".

11 . CONDENADO A PRISIÓN UN EX CONSEJERO DE EDU $ ZAPLANA

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas , ex Diputado y ex alcalde de Orihuela, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos y otro de falsedad en documento mercantil. La sección séptima de la Audiencia de Alicante afirma que Cartagena se apropió con ánimo de lucro de 49.081 euros (8.166.426 pesetas) que el Ayuntamiento oriolano recibió en 1993 de las monjas que administraban el hospital municipal. El empresario Ángel Fenoll, amigo del ex alcalde, también ha sido condenado a un año de prisión por falsedad en documento mercantil. El fallo de la Audiencia de Alicante establece que por el delito de malversación de fondos se condena a Cartagena a la pena de prisión de tres años e inhabilitación absoluta por 6 años y, por el delito de falsedad en documento mercantil, a un año de prisión y a una multa que supera los 5.409 euros (algo más de 900.000 pesetas). También tendrá que indemnizar al Ayuntamiento de Orihuela en la cantidad de 8.166.426 pesetas y pagar los dos tercios de las costas procesales. Al empresario Ángel Fenoll, además del año de prisión, se le condena a la misma multa que a Cartagena y al pago del tercio restante de las costas.



12. CASO GESUOSA. ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO )

Manuel José Meleiro, apoderado de la empresa constructora Sardalla Española, SA (Sardesa), acusa en su declaración ante el titular del Juzgado número 8 de Oviedo, al director general y al subdirector de la empresa municipal Gestión del Suelo de Oviedo, SA (Gesuosa) de haberle reclamado el pago de comisiones ilegales para adjudicarle las obras de urbanización de un polígono y la construcción de una calle en Villafría (Oviedo), a cuyas subastas su empresa había presentado las mejores ofertas. El director general de Gesuosa, Luis Gómez, persona de la máxima confianza personal y política del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y el subdirector general de la misma empresa municipal, Andrés Álvarez, presentaron su dimisión, horas después de que otro directivo de la constructora Sardesa ya hubiese insinuado ante el juez el intento de cobro de comisiones ilegales por parte de Gesuosa.


13. CURSOS IMEFE & AYUNTAMIENTO MADRID

Un informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Instituto Madrileño para la Formación y el Empleo (Imefe) en el año 2000 señala que ese organismo cometió graves irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales.. El informe llega después de que se conociera que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo reclama al gobierno municipal, del Partido, seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) por irregularidades contables. Según la Cámara de Cuentas, durante el año 2000 -ese organismo no puede juzgar ejercicios anteriores a su creación- se realizaron cursos por los que se adeudan a algunas empresas más de tres millones de pesetas, pero éstas no acuden cuando son requeridas a cobrar la deuda y justificar el motivo de la misma. Asimismo, en 15 de los 34 cursos estudiados, los alumnos no cumplieron los requisitos exigidos y se desconoce el valor de los bienes inmuebles del instituto, ya que no se inventariaron los bienes adquiridos por leasing y renting


14. CASO PONFERRADA : ISMAEL ÁLVAREZ , CONDENADO

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al alcalde de Ponferrada (León), el popular Ismael Álvarez, por un delito de acoso sexual, recogido en el artículo 184 1 y 2 del Código Penal, cometido sobre la que fue su concejal de Hacienda, Nevenka Fernández. El Tribunal le ha impuesto una pena de nueves meses de multa, con una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal subsidiaria.


15. INHABILITADO EL EX ALCALDE POPULAR DE MELILLA

La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de inhabilitación para ejercer cargo público contra el ex alcalde de Melilla Ignacio Velázquez como autor de un delito de prevaricación. Velázquez convocó a las 11 de la noche del 18 de mayo de 1992 el pleno que debía discutir una moción de censura presentada contra él, a sabiendas de que a esa hora faltaría un concejal socialista que se hallaba de viaje en la Península y cuyo voto era necesario para que prosperara la moción (Diciembre 2001).

bueno yo a mi provincia que es lo que interesa:
:Fabra ingresó 600.000 euros en efectivo en 1999 cuya procedencia no ha justificado

Carlos Fabra, presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, realizó 146 ingresos en efectivo por una cantidad superior a los 600.000 euros en 1999 en las cuentas bancarias de las que era titular o cotitular. También ingresó 286.573 euros a través de 20 cheques. Fabra explicó que en 2000 extraía de sus cuentas importantes sumas en efectivo para mantenerlas en su domicilio durante semanas o incluso meses y volverlas a ingresar nuevamente en las cuentas de su titularidad.

Fabra se mostró en un acto de la ejecutiva local del PP en La Vall d'Uixó, muy seguro ante el resultado de las investigaciones fiscales, informa Lorena García. "No sólo no me imputarán ningún delito fiscal, ni siquiera [habrá] una sanción administrativa", aseguró. "Tengo la conciencia tranquila", dijo y añadió: "Cuando no hay asesinato no hay asesino".

El informe redactado por la Inspección Regional de Valencia de la Agencia Tributaria recoge las alegaciones presentadas por el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, durante el periodo en el que se investigó su declaración de la renta de 1999. En este ejercicio, según la denuncia presentada por Hacienda por un presunto delito fiscal, las cuentas de las que era titular o cotitular registraron hasta 146 ingresos de dinero en efectivo, en general en pequeñas cantidades, por un valor total de más de 600.000 euros.

Tal como indica el escrito presentado primero ante la fiscalía y después ante el juzgado, Carlos Fabra sólo ha justificado la procedencia de menos de un 10% de esos ingresos en las 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. "Ante la ausencia de explicaciones sobre el origen de los referidos ingresos", tal como indica el informe, se procedió a realizar análisis y "depuración" de estos ingresos que pudieran estar correlacionados con otras cuentas de Fabra o de su familia con lo que, finalmente, la Agencia Tributaria ha concluido que le es imputable una variación positiva de patrimonio de cerca de 12 millones de pesetas (72.000 euros).

Además de los ingresos en efectivo, los movimientos de las cuentas de Fabra desvelan el ingreso de un total de 20 cheques durante 1999 por un importe global de 286.573 euros. Los cheques recibidos por Fabra se concentran sobre todo a principios y finales del año fiscal, y las cantidades casi siempre eran de varios miles de euros.

Ya en enero de 1999, Carlos Fabra ingresó dos cheques en sus cuentas del BBVA y Caja Madrid por 14.367 y 31.627 euros respectivamente. Febrero y marzo también fueron meses pródigos en ingresos para el presidente de la Diputación de Castellón porque cobró casi 55.000 euros en cuatro cheques distintos ingresados en el BSCH y en el Banco de Valencia. Tres cheques más llegarían en los meses de abril y julio con un importe de casi 30.000 euros más en BSCH y Bancaja, mientras que entre septiembre y diciembre de 1999 se produjo la mayor parte de las aportaciones a sus cuentas.

En septiembre percibió tres cheques; dos por más de 31.000 euros y otro por 568, en noviembre ingresó cuatro cheques más de 12.000, 15.000, 4.800 y de 22.342 euros. Sobre este último, el representante legal del presidente del PP en Castellón, Alejandro Lorca, explicó a la Agencia Tributaria que se trataba de "un préstamo personal de un empresario a Fabra del que no existe justificación documental". Por último, durante el mes de diciembre de 1999, Carlos Fabra recibió otros cuatro cheques de 24.000, 8.400, 4.800 y 900 euros.

La declaración de 2000
El mismo informe revela que la investigación sobre el presidente de la Diputación se ha extendido a la declaración de 2000. A este respecto, señala que aunque "la problemática" sobre los ingresos en efectivo es "similar" a la del ejercicio de 1999, "el volumen de ingresos es inferior".

El texto añade que respecto a la petición de explicaciones sobre los ingresos de 2000 "el contribuyente ha proporcionado un número mayor de explicaciones, si bien las mismas no resultan lógicas". Así, describe cómo Carlos Fabra, en sus alegaciones para justificar los continuos ingresos en efectivo en sus cuentas, explicó que extraía de sus propias cuentas "importantes sumas en efectivo para mantenerlas en su domicilio durante semanas o incluso meses y volverlas a ingresar nuevamente en las cuentas bancarias de su titularidad al cabo de este periodo".

Es decir, que sacaba dinero de su cuenta no para gastarlo sino para guardarlo en su casa y, un tiempo después, volver a ingresarlo. Para la inspección fiscal "esto que, en principio, ya resulta poco habitual se convierte todavía en algo más ilógico al constatar que el obligado tributario ha mantenido diversas cuentas de préstamo y crédito (...) así como descubiertos en sus cuentas corrientes, todo lo cual ha supuesto para él un coste financiero significativo".

El informe añade que "no parece razonable" que Carlos Fabra pagara intereses por descubiertos y créditos mientras tenía "importantes cantidades de dinero en efectivo". La inspección añade más calificativos a la explicación dada por el líder del PP castellonense y sostiene que "el contribuyente no ha proporcionado, hasta el momento, una explicación mínimamente razonable o plausible del origen o procedencia de los ingresos realizados en efectivo en sus cuentas bancarias, lo que llevaría a su consideración como ganancias patrimoniales cuya adquisición no se corresponde con la renta o patrimonio declarados por él mismo".

El vicepresidente del Gobierno valenciano critica la difusión de datos de la declaración de renta de Fabra

El vicepresidente del Gobierno valenciano y secretario provincial del PP de Castellón, Víctor Campos, volvió a salir ayer en defensa del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y respecto a los datos de la denuncia de la Agencia Tributaria contra Fabra alegó desconocerlos. Campos criticó la falta de protección en los datos de la declaración de la renta del líder del PP de Castellón y su divulgación.

El número dos del Gobierno valenciano calificó de "curioso" que se conozca el contenido de la denuncia. "Yo siempre había pensado que estas cosas tenían una cierta protección a la hora de su divulgación y que había cierta privacidad en estas cuestiones, pero parece que en este caso no es así y no sé exactamente a qué obedece", sentenció Campos, que recalcó: "No he visto la declaración o parte de la declaración de la renta de Fabra". De esta manera, Campos zanjó las preguntas sobre el contenido de la denuncia de la Agencia Tributaria.

En cualquier caso, el vicepresidente del Consell sí estuvo más explícito respecto a la cena-homenaje que distintos colectivos sociales han organizado para apoyar a Carlos Fabra bajo el lema A tu lado somos muchos. El desagravio por la campaña de acoso a la que, según el propio Fabra, está siendo sometido, ha provocado esta semana la crítica de representantes socialistas, entre ellos el secretario de la ejecutiva local del PSPV en Castellón, Juli Domingo, quien sostuvo que el evento "puede ser una megafiesta de defraudadores". Ayer, Víctor Campos acusó al líder local del PSPV-PSOE de "insultar" a quienes acudan a este homenaje y calificó la crítica del socialista de "barbaridad y disparate para quienes, voluntariamente y de buena fe, deciden acompañar a Carlos Fabra en esa cena". El vicepresidente de la Generalitat acudirá al homenaje. "Si no estoy fuera de España", precisó.

No sólo Víctor Campos salió en defensa del acto organizado en favor de Carlos Fabra sino que representantes de los colectivos organizadores, cercanos al PP, defendieron la idoneidad en el tiempo para esta convocatoria y aseguraron que se trata de una iniciativa que "nace del corazón de colectivos que nada tienen que ver con la política".

Fabra ha sido citado por el juzgado número 1 de Nules a declarar como imputado por un presunto delito fiscal el próximo 5 de julio. La cena de homenaje, en la que los populares pretenden reunir a mil personas, está prevista para 10 días después en una sala de fiestas. Publicado en El País. 17.06.05

Un informe de Agricultura revela amenazas de la empresa por la que medió Carlos Fabra

El ministro de Agricultura Jesús Posada (PP) recibió el 12 de julio de 1999 en su despacho al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de su mismo partido, que le reclamó autorizaciones para un producto fitosanitario que comercializaba la firma Naranjax, y a la que facturaba supuestos servicios. Posada tenía un informe interno elaborado por funcionarios que acusaba a Naranjax de intentar "conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio (de este Gobierno y de los anteriores)". El producto fue registrado tres meses después.

Para la cita de Posada con Fabra, el entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, aportó al gabinete del ministro "una nota confidencial sin membrete elaborada por el subdirector general de productos fitosanitarios", el funcionario encargado del registro. En esa nota se resumían las tormentosas relaciones de Naranjax con dicha subdirección general. El informe acusaba a la empresa que avalaba Fabra de prácticas irregulares. El presidente de la Diputación de Castellón está imputado por supuestos delitos contra la Administración y acusado de un supuesto delito fiscal (fraude de al menos 150.000 euros en 1999). El PP no le ha abierto ningún expediente y el presidente valenciano, Francisco Camps, le ha manifestado su apoyo. En el informe de Agricultura se denunciaban las prácticas de Fabra para conseguir autorizaciones en el ministerio a favor de la empresa a la que facturaba.

- Plagada de incidentes. "La empresa Naranjax de Castellón fabrica productos fitosanitarios, además de fertilizantes en una planta ubicada en Artana (Castellón). Tiene inscritas en el registro y consecuentemente autorizada su comercialización más de 40 productos técnicos y formulados.Las relaciones de esta empresa con el registro han estado plagadas de incidentes serios a partir de un determinado momento:

- En el año 1993, por la lentitud con que se autorizaban sus productos.

- En el año 1996, acusan formalmente a los funcionarios del registro de tener organizado un compló para beneficiar a las multinacionales de las que recibían pagos y prebendas (Hubo una inspección exhaustiva sobre dichos funcionarios).

- En el mismo año de 1996, se amenaza telefónicamente a funcionarios del Ministerio de Sanidad y de Agricultura.

- En el año de 1998, se pide al vicepresidente primero del Gobierno [Francisco Älvarez Cascos] y a la ministra de Agricultura [Loyola de Palacio] destituir al subdirector general de Sanidad Vegetal por las innumerables ilegalidades cometidas, además de hacer declaraciones en la prensa valenciana en el mismo sentido. Incidentes jamás producidos con ninguna de las otras 450 empresas registradas".

- Suplir defectos con visitas. "Con mucha diferencia, [Naranjax] es la empresa que ha tratado de conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio y otras (de este Gobierno y de los anteriores). Un ex ministro de Agricultura, que en algún momento debió de ser socio de la empresa, llamó prevaricador al subdirector general de Sanidad Vegetal cuando éste le afirmó que estaba cumpliendo una orden ministerial que él mismo había firmado".

- Documentación irregular. "Independientemente de los posibles errores del registro, que en la tramitación de expedientes pudieran existir (como en otras empresas), los retrasos en las autorizaciones o las denegaciones de las autorizaciones se producen por el siguiente motivo: la documentación presentada no responde a ninguna realidad física, es inventada o corresponde a otros productos existentes en el mercado y no a los que la empresa dice sintetizar. No es concebible, por repugnar a la inteligencia, que sustancias que dice sintetizar las certifique como libres de impurezas. No es verosímil que, cuando se advierten incoherencias, certifique inmediatamente después lo contrario. No es creíble que su capacidad de sintetizar sustancias tan distintas como antibióticos u órgano-fosforados sea posible. Ni las grandes multinacionales tienen tal versatilidad".

- Falta de respuesta clara. "Resolver las dudas antedichas no es fácil por la poca colaboración de la administración autonómica, de la que se recabó apoyo. Se ha conseguido saber que la empresa no estaba inscrita en el registro de establecimientos, ni disponía del libro oficial de movimientos, pero no se ha obtenido (después de más de dos años) respuesta clara respecto a sus capacidades de sintetizar y de si realmente sintetiza, lo que determinaría la falsedad o no de la documentación aportada".

- Productos sin autorización. "Respecto de la empresa, la opinión de las dos asociaciones de fabricantes existentes en España, Aepla y Aefisa, es muy negativa, tanto respecto a sus procedimientos fabriles como comerciales. Se conoce que comercializa productos sin autorización (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha intervenido al menos dos veces productos de la empresa). De la abamectina, producto en trámite de autorización, se tienen noticias de que la distribuye directamente a los agricultores".

- Falta de sensibilidad. "De las conversaciones con los responsables de la empresa se puede deducir la falta de sensibilidad respecto al material manejado en cuanto a las consecuencias medioambientales. Comparan este tipo de fabricación con la de azulejos. Respecto a la actitud del registro frente a la empresa es demostrable y así se hizo, que cuando la documentación ha sido asumible, las autorizaciones se han producido con idéntico ritmo que otras empresas y sólo cuando los datos aportados ni sobre el papel eran sostenibles, los expedientes se han retrasado o han sido resueltos negativamente".

- Vaticinio favorable. Pese a tan demoledor informe sobre Naranjax, Milán vaticinaba lo siguiente en un informe propio que entregó al gabinete del ministro antes de su cita con Fabra: "Al haberse cambiado el registro de productos fitosanitarios a otra subdirección general y teniendo en cuenta que estamos en vías para que se apruebe la abamectina por la que tanto se interesa Naranjax, y posteriormente el resto de productos que tiene solicitados, creo que lo mejor es olvidar el pasado y centrarnos en la solución de problemas futuros".

Y por si no quedaba claro a qué obedecía tal interés, Milán añadía en otra nota: "En todo caso, sobre la solución del problema que interesa al presidente de la Diputación de Castellón, que afecta a Naranjax, se tendrá una información definitiva sobre la que adoptar una resolución después de la reunión de la comisión de Evaluación que se celebrará el 14 de julio". Tres meses después, la abamectina fue autorizada. Publicado en El País. 10.06.05

Documentos oficiales confirman que Fabra se reunió con el ministro de Agricultura para favorecer a la empresa vinculada con su mujer

Fabra, negó hasta en tres ocasiones ante la juez de Nules Isabel Belinchón, en su declaración como imputado por uno o varios delitos contra la Administración Pública el 3 de febrero del año pasado, que hubiera realizado gestión alguna a favor del empresario Vicente Vilar o sus fitosanitarios, en la reunión que mantuvo en 1999 con el ministro de Agricultura Jesús Posadas. Sin embargo, según un documento de aquella reunión al que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrió justo lo contrario.

En el informe, remitido al Ministro por el entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, que también está imputado, se asegura textualmente, en dos ocasiones, que “el presidente de la Diputación se interesa por la situación de los productos de Naranjax”, y no por la situación general de los fitosanitarios, como dijo Fabra ante la juez.

Además, Fabra muestra un interés particular por los retrasos que sufre el Abac, cuando el presidente de la Diputación dijo que no se habló de ningún producto en concreto.

También respecto a las fechas se producen contradicciones entre lo dicho por Fabra y los documentos oficiales.

Fabra aseguró que la reunión con Posadas fue el 19 de julio de 1999; cinco días después de que el ministerio aprobase el Abac. Esto fue utilizado por Fabra ante la juez para demostrar que la reunión no tenía nada que ver con el asunto, porque el producto de Vilar ya había sido aprobado días antes. Sin embargo, según el documento del ministerio, la reunión entre Fabra y el ministro tuvo lugar el 12 de julio. Es decir, dos días antes de que el Ministerio diera el visto bueno al Abac. Con él, el empresario de Artana ganó cantidades millonarias y, según asegura, pagó a Fabra por ese servicio. Publicado en la Cadena SER.03.03.05

La Agencia Tributaria analiza las declaraciones de Carlos Fabra de 2000 y 2001

La Agencia Tributaria está revisando los datos fiscales presentados por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, correspondientes a los períodos impositivos de 2000 y 2001, según informaron diversas fuentes. La investigación sobre las cuentas declaradas por Fabra se inició tras las presuntas anomalías detectadas en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del también líder del PP de Castellón del año 1999, que han tenido como consecuencia la presentación de una denuncia por presunto delito fiscal. Las averiguaciones de la Agencia Tributaria se están llevando con cierta premura ante la posibilidad de que las presuntas irregularidades prescriban. La celeridad es mayor en el caso de la declaración presentada en junio de 2001 sobre los ingresos y el patrimonio de 2000, que podría prescribir este mismo mes en el caso de que la propia Agencia no haya comunicado a Fabra el hecho de que está siendo investigado.

A las peticiones de dimisión de los partidos de la oposición una vez conocida la denuncia por presunto delito fiscal contra Carlos Fabra, se sucedieron ayer las críticas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que salió en defensa del presidente de la Diputación de Castellón. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Sarriá, recriminó además al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, que dudara de la actuación de la Agencia Tributaria, cuestión que considera "inadmisible" por parte de un responsable institucional, "más cuando precisamente en estos momentos cientos de miles de ciudadanos de esta Comunidad están haciendo sus correspondientes declaraciones de renta", según dijo.

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, vaticinó ayer, desde Alzira, la aparición de "más casos de corrupción vinculados al PP", en un momento en el que los populares "se enfrentan, casi sin duda, al principio del fin de su mandato". Para Marcos, la denuncia de la Agencia Tributaria es la demostración "de que los conservadores están en la cuesta abajo de su periodo de Gobierno al frente de la Generalitat". Además, la diputada en el Congreso por Esquerra Unida-Entesa, Isaura Navarro, presentó el viernes una batería de preguntas al Gobierno sobre la denuncia por un supuesto fraude fiscal. Entre las formuladas, Navarro pregunta al Ejecutivo el motivo de la denuncia y si "existen indicios de gran calado para presentarla". Además, considera que es necesario que el Gobierno informe sobre el "año al que corresponde el presunto fraude fiscal de Fabra. Publicado en El País. 05.06.05

Camps asegura que nadie va a demostrar nada contra Fabra

El presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, expresó ayer su convencimiento de que "nadie va a demostrar nada" de lo que se afirma en las denuncias contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra. Camps arropó a Fabra sólo unas horas después de difundirse que Hacienda ha denunciado al político popular por un supuesto delito fiscal, tras descubrir que ocultó 150.000 euros en la declaración de 1999.

"Llevamos año y medio con estas cuestiones y nadie ha demostrado nada", afirmó Camps, que recalcó: "Estoy convencido de que nadie va a demostrar nada".

La Agencia Tributaria presentó el pasado 27 de mayo la denuncia por supuesto delito fiscal ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decidió trasladar el escrito al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón). Éste es el juzgado en el que se instruye la causa en la que figura Fabra como imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública. El traslado de la denuncia presentada por Hacienda se produjo tras ser consultado el fiscal Anticorrupción, que considera que existe relación entre el contenido de la misma y la investigación del juzgado de Nules.

El PP valenciano decidió ayer salir en tromba a arropar al presidente de la Diputación de Castellón. El vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, compareció en su condición de secretario general del PP provincial de Castellón, para manifestar: "Todo tiene visos de ser una persecución política del Partido Socialista en una estrategia puesta en marcha hace año y medio".

"Si [el caso Fabra] es el gran escándalo nacional ellos [los socialistas] sabrán por qué lo hacen. En el Partido Popular seguimos confiando en el señor Fabra y no hay ningún cambio respecto a nuestra posición de hace dos días [antes de conocerse la existencia de la denuncia por supuesto delito fiscal]", dijo Campos, que reconoció que había hablado por teléfono con el presidente de la Diputación de Castellón. "Del señor Fabra he notado absoluta tranquilidad de conciencia, de que no ha cometido ninguna irregularidad", argumentó Campos.

Otros cargos destacados del PP de Castellón reclamaron que se le aplique a Fabra la presunción de inocencia. Por su parte, tanto el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) como Esquerra Unida reclamaron nuevamente la dimisión de Fabra y advirtieron a Camps, que ha unido su destino político al del presidente de la Diputación.

También Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle millonarias cantidades de dinero a cambio de favores políticos, indicó que la denuncia de Hacienda significa que "hay alguien más que ve cosas que no están claras en sus negocios".

El escrito de denuncia de la Agencia Tributaria sobre el presunto delito fiscal del que se acusa a Fabra señala que las cuotas de IRPF no declaradas se refieren a actividades profesionales.Según el registro de intereses que el propio Fabra presentó ante la Diputación de Castellón ese mismo año, las actividades tanto públicas como privadas generadoras de ingresos económicos o susceptibles de generarlos eran nueve (tres públicas y seis privadas, entre las que figuran las de abogado y corredor de seguros).

El escrito remitido a la fiscalía también hace referencia al incremento patrimonial detectado y que no se corresponde con los ingresos declarados. Según el acta notarial que el propio Fabra hizo pública, en 1999 sólo adquirió una parcela en una urbanización de la localidad de Borriol.

Según las fuentes consultadas, el escrito solicita a la fiscalía "celeridad" en la tramitación de la denuncia ante la posibilidad de que el presunto delito fiscal prescriba. En cualquier caso, la parte administrativa de ese presunto delito habría prescrito ya, mientras que la penal lo hará el próximo 30 de junio, fecha en la que el juez se debe haber pronunciado sobre la denuncia al objeto de que se interrumpa el plazo de prescripción. De la celeridad que reclama la Agencia Tributaria, se desprende que Fabra no debió recibir comunicación formal acerca de la investigación a la que estaba siendo sometido ya que, de esa manera, el tiempo de prescripción se hubiera interrumpido. Publicado en El País. 04.06.05

Hacienda denuncia al presidente del PP en Castellón por supuesto delito fiscal

La Agencia Tributaria ha presentado una denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, ante la posible comisión de un presunto delito fiscal. La denuncia supuestamente se basa en la declaración de Hacienda correspondiente al año 1999, en la que el dirigente del PP no habría presentado cuotas correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por valor de más de 150.000 euros.

La inspección de Hacienda ha detectado un incremento patrimonial que no se corresponde con los datos de los ingresos declarados por Fabra por el desarrollo de actividades profesionales, según varias fuentes consultadas que apuntaron que la denuncia corresponde al presunto fraude cometido durante un año en concreto, por lo que no se descarta que la inspección investigue las declaraciones posteriores a 1999.

La denuncia, que sólo afecta a un ejercicio fiscal, se precipitó ante el temor de los inspectores de que el supuesto delito pudiese prescribir el próximo julio al haber transcurrido ya más de cinco años desde la presentación de la declaración de la renta.

El delito fiscal está tipificado en el artículo 305 del Código Penal y su comisión conlleva penas de privación de libertad de entre uno y cuatro años. La cantidad estipulada como mínima para considerar que las irregularidades cometidas son un delito y no una falta se sitúa en algo más de 90.000 euros, montante no ingresado que, según las fuentes consultadas, Carlos Fabra supera. El Código Penal no especifica que la comisión de un delito contra la Hacienda Pública suponga la inhabilitación del defraudador para ocupar cargos públicos y sí marca la sanción a abonar que multiplica por seis la cantidad defraudada.

El propio delegado de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, Inocencio Altozano, fue quien, el pasado viernes, presentó la denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, después de que la Inspección investigara la declaración presentada a Hacienda y encontrara los suficientes indicios como para considerar necesaria la presentación de una denuncia por supuesto delito fiscal.

Según fuentes de la fiscalía, el escrito ha sido trasladado al juzgado de instrucción número 1 de Nules tras recabar instrucciones del fiscal Anticorrupción que, además, está investigando a Fabra por uno o varios delitos contra la Administración Pública, y tras considerar que existe una relación entre el contenido de la misma y la investigación que realiza dicho órgano judicial.

La investigación fiscal al presidente del PP en la provincia de Castellón se inició de oficio hace unos meses. Diversas fuentes consultadas han indicado que la inspección de Hacienda no precisa denuncia alguna para realizar este tipo de investigaciones, con lo que comenzó su trabajo al margen de las averiguaciones que se están llevando a cabo en el juzgado de Nules y de las diligencias solicitadas ante dicho órgano por la acusación particular y por el ministerio público. De hecho, el fiscal Anticorrupción solicitó, como prueba pericial, que un inspector de Hacienda analizara las cuentas de las empresas implicadas en el sumario por los presuntos delitos contra la Administración pública, pero esta prueba aún no ha sido admitida. Por su parte, la acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, reclamó que la investigación demandada por el fiscal se ampliara a todas las cuentas particulares de Fabra así como a su patrimonio y al de su familia y que se realizara a través del Banco de España.

Juzgado de Nules
En cualquier caso, esta prueba pericial no se ha iniciado, de momento, ya que la juez titular de Nules no se pronunciado al respecto y, además, está recurrida por el letrado del propio presidente del PP provincial.

El juzgado de Nules habrá de determinar ahora si se hace cargo también del presunto delito fiscal y lo acumula en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón o si se inhibe y devuelve la denuncia a la fiscalía para que ésta lo remita al decanato y entre en el reparto habitual.

Fabra no quiso ayer realizar ningún tipo de declaración sobre esta nueva acusación. Nadie en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ni en el partido en Castellón, quiso entrar a valorar la nueva denuncia contra el presidente provincial del PP. Se escudaron en la falta de información sobre su contenido.Publicado en El País. 03.06.05


El presidente de la Diputación provincial y hombre de confianza de Camps afronta dos investigaciones

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y hombre de confianza del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se enfrenta ya a dos investigaciones. Fabra, que controla desde hace años el PP provincial y cuyo apoyo ha sido determinante para Camps -en su pugna con Eduardo Zaplana por el liderazgo del partido a nivel autonómico- empezó a tener problemas con los juzgados en diciembre de 2003. En esa fecha, un empresario, Vicente Vilar, presentó, en los juzgados de Nules, dos querellas contra Fabra por estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y contra la propiedad industrial. Ninguna de las dos denuncias fue admitida pero tras leer el relato del empresario, la titular del Juzgado de Nules decidió abrir un procedimiento penal de oficio, ante la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración pública, entre los que figuran el tráfico de influencias y el cohecho. Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de interceder ante la Administración para tratar de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Así, la juez decidió no limitar la investigación al presidente de la Diputación sino que la extendió al empresario denunciante, a la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y a la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives. La implicación de las dos últimas fue consecuencia de su aparición como titulares de una empresa compartida, Artemis 2000, a través de la que se solicitaban los registros de los productos fitosanitarios.

Otro de los sistemas de cobro, según el empresario, se realizaba a través de una sociedad de la que es titular Fabra. Esta mercantil, Carmacas, facturó hasta 140.000 euros al grupo empresarial de Vilar, Naranjax, por la supuesta confección de informes sobre prevención de riesgos laborales. La juez reclamó los citados informes, que se limitan a reproducir un texto que se encuentra en Internet y la guía de una mutua de trabajo local.

Las acusaciones de Vilar motivaron la investigación del patrimonio de Fabra, quien justificó su notable incremento -varias viviendas emplazadas en áreas residenciales en municipios de Castellón y Madrid- con su actividad como abogado y corredor de seguros en ejercicio, actividades que compatibiliza con el puesto de presidente de la Diputación de Castellón. Publicado en El País. 03.06.05

El código ético del PP cumple 12 años sin que se haya aplicado en el caso Fabra

Hoy se cumplen 12 años desde que José María Aznar presentara el Código Ético del Partido Popular, un compendio de directrices para evitar casos de corrupción entre sus cargos institucionales. El partido exigía así a sus militantes un «compromiso ético» basado en los principios de «lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad», y establecía normas para prevenir o detener las actuaciones sospechosas de corrupción.

Estas normas siguen aún pendientes de aplicación en el «caso Fabra», que, a falta de que la justicia determine la verdad o falsedad de las acusaciones, requeriría la activación de los mecanismos internos del Partido Popular proclamados en su Código Ético.

El texto, elaborado en 1993 por Alberto Ruiz Gallardón y Federico Trillo, era explícito respecto a posibles asuntos como los que ahora afectan al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El Código se refiere expresamente al caso de que «de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito».

Las medidas internas que el texto contempla ante «la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional» son dos. Por un lado, los cargos públicos implicados deberán «comunicar a la Dirección del Partido Popular y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran». Una situación que ahora no se ha cumplido, si se atiende a las declaraciones que el secretario general del partido, Mariano Rajoy, efectuó el pasado mes de marzo, cuando aseguró que si el «caso Fabra» «continúa, pues qué quiere que le diga, no me lo conozco».

Por otra parte, «el PP asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos», algo que hoy por hoy aún no se ha emprendido. A la ignorancia sobre el tema manifestada por Rajoy se suma la defensa repetida de la figura de Carlos Fabra por parte del responsable autonómico del PP, Francisco Camps. Sin embargo, el texto de Gallardón y Trillo iba aún más lejos y establecía que la comisión, «a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina».

Al igual que no ha trascendido que esto haya sido aplicado, el partido tampoco ha ejercido otro derecho recogido en el texto, que obliga al cargo a hacer pública una declaración notarial de bienes y actividades si «ha sido puesta en entredicho la integridad de su conducta».

Actividades económicas

Otro artículo del Código Ético del PP debería repercutir también sobre el «caso Fabra». La guía imponía a los cargos públicos «el compromiso de no dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas».

En cambio, la esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández, era copropietaria de Artemis 2000, la empresa que comercializaba los productos fitosanitarios cuya licitación podría haber sido favorecida por el presidente de la diputación si se confirmaran las acusaciones de Vicente Vilar, propietario de Naranjax.Publicado en Levante.24.04.05

El juez admite que un inspector de Hacienda investigue las empresas de Fabra

La juez de Nules ha aceptado la propuesta del fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, y un inspector de Hacienda investigará las cuentas de las sociedades del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por delitos contra la Administración, pese a que éste se opuso inicialmente en un escrito del pasado 30 de marzo.

El ministerio público pidió a la juez de Nules que nombrara como perito a un inspector de Hacienda para investigar las cuentas, libros contables y declaraciones de impuestos del entramado empresarial implicado en el «caso Fabra»: Carmacas S.L. -la consultoría del presidente de la diputación-, Artemis 2000 -de la que era socia al 50% María Amparo Fernández, esposa del político castellonense-, Naranjax y Laboratorios Ibáñez.

A finales de marzo, los abogados de Fabra iniciaron una batalla judicial para evitar que el juzgado nombrara al perito propuesto por Anticorrupción. El argumento que esgrime Fabra para rechazar al funcionario público de Hacienda es que puede estar «contaminado en su doble condición».Publicado en Levante.12.04.05

Acebes obvia el código ético del PP en el caso Fabra y aduce que todavía no hay sentencia

Acebes pasó ayer auténticos apuros para justificar ante la prensa la contundencia con la que el partido exige explicaciones al PSOE por «casos de corrupción» mientras se abstiene de censurar las actuaciones del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, envuelto en un escándalo político judicial a raiz de la denuncia de un empresario que lo acusó de cobrar comisiones a cambio de favores. Acebes mantuvo que el caso Fabra es «claramente diferente» al que ha salpicado recientemente a los socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla por la existencia de facturas falsas ya que en el primero «niega la acusación» y el segundo «está acreditado y reconocido».

A preguntas de los periodistas, el número dos del PP no aclaró porque el partido se ha saltado su propio código ético que establece que la mera imputación de un cargo público en un caso judicial es suficiente para apartarle del puesto y adujo que sobre Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración Pública, no se pueden determinar responsabilidades «mientras no conozcamos cuál es la resolución de la Justicia». «Carlos Fabra goza de la presunción de inocencia», señaló.

El caso Fabra se ha convertido en un auténtica patata caliente para el Partido Popular cuya dirección nacional ha tratado de evitar un respaldo explícito al presidente provincial del partido en Castelló. El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió el asunto en su reciente visita a Valencia en fallas al indicar que no estaba al corriente de las últimas novedades del proceso judicial. Ayer Acebes evitó también una defensa cerrada a Fabra, pero tuvo dificultades para sortear las preguntas en la rueda de prensa convocada por el partido antes de la reunión del comité regional.

Fue él quien abrió el melón en su comparecencia ante los medios al exigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicaciones por el caso del Ayuntamiento de Sevilla. Lamentó que «vuelven a las páginas de los periódicos casos de corrupción» y «los sobrinos, los amigos, los cuñados, las recalificaciones de terrenos y los pelotazos». Asuntos, añadió, que serían abordados en la reunión del partido. En privado, algunos responsables del PP, consideraban que había sido un error estratégico incidir en estos temas en Valencia cuando, además del caso Fabra, colean otros asuntos como la condena al ex conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, el caso Merca Alicante, que está salpicando al alcalde Díaz Alperi y las plusvalías obtenidas por el alcalde de Torrevieja por la compraventa de terrenos.

Acebes insistió en que el PP «no aplica un doble rasero» con sus cargos y militantes al tiempo que descartó que la dirección se plantee el relevo de Fabra al frente del partido en Castelló. Recalcó que «los militantes han decidido de manera soberana cuáles son sus direcciones y quienes los presiden» por lo que la dirección «ni menos que nadie el secretario general, puede rectificar ni llevarles la contraria».

Por otro lado, dijo desconocer la operación de compra-venta de solares del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernádez Mateo. Preguntado por este caso, el presidente regional del PP, Francisco Camps, evitó responder si había pedido explicaciones al alcalde y aseguró que sabía de los hechos a través «de lo que he leído en los medios de comunicación». Y añadió: «Creo que nadie puede decir que se pueda delimitar en estos términos lo que dicen que ha ocurrido». Publicado en Levante.30.03.05

Un empresario pagó 11 millones de pesetas para que Fabra agilizase las licencias de productos fitosanitarios

Un empresario declara ante la Justicia que pagó 11 millones de pesetas en una bolsa de plástico para que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, agilizase las licencias de productos fitosanitarios. El empresario, según fuentes judiciales consultadas por la Cadena SER, ha admitido que, tras el pago, se desbloqueó la situación en los ministerios correspondientes.

El empresario de fitosanitarios Manuel Ruiz ha declarado hoy en el juzgado almeriense de Roquetas de Mar como testigo en el ‘caso Fabra’. Ruiz ha corroborado ante el juez las manifestaciones del empresario denunciante, Vicente Vilar, al asegurar que pagó 11 millones de pesetas en una bolsa de plástico que, según le contó Vilar, eran para el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, a cambio de su mediación ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar la concesión de las licencias de fitosanitarios. Ruiz también ha asegurado que el pago causó efecto y que se desbloquearon las licencias en Madrid.

La declaración del empresario se incorporará ahora al proceso que se sigue en los juzgados de Nules contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, y otros nueve imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública. De ellos, tres son en la actualidad altos cargos en la Generalitat valenciana y un cuarto lo es en el Ayuntamiento de Madrid. Dos de los imputados ocuparon altos cargos en los ministerios de Agricultura y Sanidad durante los gobiernos del PP.

El empresario Vicente Vilar acusó a Carlos Fabra de cobrar cantidades millonarias a cambio de su mediación ante dos ministerios para facilitar la concesión de licencias de productos fitosanitarios. Publicado en la Cadena SER.03.03.05

Cuatro de los seis nuevos imputados por el caso Fabra siguen ocupando altos cargos

Cuatro de los seis nuevos imputados por el caso Fabra, siguen ocupando altos cargos en administraciones gobernadas por el PP. Tres de ellos en la Generalitat valenciana y uno en el ayuntamiento de Madrid. Este último caso es el de Dolores Flores, directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y persona de confianza de la concejal Ana Botella

Desde el departamento de Ana Botella, del que depende la dirección de empleo, guardan silencio porque todavía no han recibido ninguna notificación y por tanto desconocen porqué se le imputa. Fuentes cercanas a Dolores Flores aseguran que ha cumplido con la Ley en todo momento durante su etapa como directora general de salud pública en el Ministerio de Sanidad.

Los otros tres imputados trabajan en la Generalitat valenciana. Una es Pilar Máñez, subsecretaria de la conserjería de bienestar social del gobierno que preside Francisco Camps. Ni la interesada ni el Ejecutivo autonómico han querido entrar a valorar la imputación de la que fuera directora de calidad Ambiental en la Generalitat Valenciana.

Los otros dos son el ex subdelegado de Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, actualmente director de industria y Rubén Moreno, que se encontraba en el Ministerio de Sanidad cuando se conoció el Caso Fabra y ahora es director general de una Fundación subvencionada fundamentalmente por la Generalitat.

El pasado 11 de febrero la Justicia imputó a seis ex cargos públicos del PP en el Caso Fabra, con lo que son ya 10 las personas imputadas. La Audiencia de Castellón esta investigando al presidente de la Diputación y líder del PP, Carlos Fabra, y a las otras nueve personas por presuntos delitos contra la Administración pública ( Cadena SER.Febrero 2005 )

Seis nuevos imputados en el 'caso Fabra'

Tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana, el anterior subdelegado del Gobierno y un ex diputado del PP en el Congreso han sido imputados por la Audiencia de Castellón en el caso Fabra, en el que se investiga un supuesto delito de tráfico de influencias. En ese sumario estaban ya imputados el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su esposa, junto al empresario que le denunció y su ex mujer.

Fabra, líder del PP castellonense, está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública en un proceso en el que interviene la Fiscalía Anticorrupción. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.

Los que en el momento de los hechos denunciados (1999-2002) eran director general del Ministerio de Agricultura, Rafael Milián; directora general de Salud Pública, Dolores Flores; secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, ambos del del Ministerio de Sanidad; subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Pilar Máñez (actualmente subsecretaria de la Consejería de Bienestar Social), además del ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim, serán llamados próximamente a declarar en calidad de imputados por la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso. Con esta decisión, la Audiencia admite la petición de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), personada como acción popular, en una providencia que anula la decisión de la juez de Nules, que había desestimado la solicitud.

Con esta providencia, la Audiencia admite, parcialmente, el recurso presentado por la UCE y califica de "pertinente y necesaria" la declaración en calidad de imputados de los seis ex altos cargos del PP. Todos ellos aparecen en los documentos aportados por Vilar con los que pretende probar el supuesto tráfico de influencias propiciado por Fabra.

El auto de la Audiencia de Castellón acepta también la declaración de varios testigos. Algunos, como el chófer de Fabra o el diputado autonómico del PP Ricardo Costa, ya han prestado declaración. Entre los que la juez ha de llamar ahora se encuentran los guardaespaldas del presidente de la Diputación; el subdirector general de Promoción Agrícola, Juan José Guitián; el entonces diputado y hoy senador del PP por Castellón Juan José Ortiz y el entonces portavoz del PP en el Senado y actualmente consejero portavoz de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons. La Audiencia rechaza de momento que testifiquen los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; de Sanidad Celia Villalobos, y de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como Alfredo Timmermans, entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar.( El País. Febrero 2005 )

Fabra tiene contratada a su cuñada como jefa de sus secretarias

Entre los 26 asesores y cargos eventuales que tiene contratados el presidente de la Diputación Provincial de Castellón en esta institución, con un coste para el erario público de 730.000 euros, figura su cuñada y el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente con el PP, Elvira Rodríguez. Carlos Fabra, el presidente de la Diputación y del PP en Castellón, cuenta con un equipo de colaboradores elegidos a dedo que tienen un coste para la institución provincial superior, por ejemplo, a la aportación en infraestructuras para municipios y para el plan de electrificación rural juntos.

Araceli García Payá, la cuñada de Fabra, cobra 27.573 euros al año por ser la jefa de sus secretarias. Wilfred Medcalf Calderón, el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente, percibe 33.851 euros por llevar la agenda del presidente de la Diputación.
El portavoz adjunto del PSOE en la Diputación, Juli Domingo, añade que Carlos Fabra también ha contratado a la sobrina del vicepresidente Francisco Martínez, Silvia Capdevila, por casi 20.000 euros al año.

Domingo critica “el desprecio (de Fabra) por la función pública y por las instituciones” y su actitud de “cacique”. Para el portavoz socialista “con Fabra ha regresado el régimen de los cuñadísimos” y cree que “su modelo y su gestión están acabados y sería bueno que lo estuvieran de una vez por el bien de los ciudadanos de Castellón”

Por su parte, el portavoz del Bloc, Josep María Pañella, afirma que las contrataciones de los cuñados y familiares de cargos del PP en la Diputación son cuanto menos “sospechosas”, y dice que “queda demostrado que el presidente de la Diputación utiliza dinero público para pagar favores políticos”.( Cadena SER. Enero 2005 )

Fabra gasta 700.000 euros al año en asesores : llega ya a los 26 asesores nombrados a dedo

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la contratación de Amparo Marín Andrés, como nueva asesora del presidente Carlos Fabra en la Diputación. Con ella, ya son 26 los asesores y cargos eventuales escogidos directamente por el presidente de entre ex alcaldes o antiguos diputados del PP, que perciben entre los 38.000 y los 19.000 euros al año. En total, la nómina anual de los 26 cargos de libre designación le cuestan a la provincia 730.000 euros al año; más de 120 millones de pesetas.

La cifra de cargos eventuales y asesores se ha incrementado en cada legislatura de la Diputación con Fabra al frente de la misma. Su antecesor, el socialista Paco Solsona, tenía tres en 1995, y Carlos Fabra nombró primero a once, incrementó la cifra hasta llegar a los 17, y ahora ya tiene a 26. El portavoz socialista en la Diputación, Enrique Navarro, dice que el gasto en asesores de Fabra “supera la aportación conjunta de la Diputación en infraestructuras para municipios y para el plan de electrificación rural”, en los que desembolsa “300.000 euros al año para cada uno”.
A juicio de Navarro, “los 21 asesores directos del presidente de la Diputación y los cinco que también tiene a cargo del Grupo Popular en la institución provincial son un número excesivo” y dice que “Fabra ya ha llegado al límite”. Navarro también recuerda que Fabra se comprometió en el 95 a reducir el número de asesores y directores generales.

Carlos Fabra es el presidente de Diputación de la Comunidad Valenciana que tiene más asesores. El presidente de la Diputación de Valencia tiene tres, mientras que el de Alicante tiene nueve. ( Cadena SER. Enero 2005 )


La Justicia vuelve a fallar en contra de Carlos Fabra

La Audiencia Provincial de Castellón ha vuelto a fallar en contra de Carlos Fabra, presidente de la Diputación y líder del PP en esta provincia. Fabra pretendía, y así lo solicitó en los juzgados de Castellón, que se silenciara a la Cadena SER y a otros medios que están informando sobre los presuntos casos de corrupción en los que está implicado. Los magistrados concluyen que semejante medida supondría una "grave restricción a los derechos fundamentales de expresión e información".

Los abogados del político llegaron a pedir que "se suspendiera toda actividad de difusión de la Cadena SER" y que se "secuestraran en comercios y librerías" los ejemplares de las publicaciones que hablaran sobre su caso. Eso fue hace ahora un año, cuando está cadena de emisoras informó del creciente enriquecimiento del político y de sus entrevistas con varios ministros del PP para tratar de favorecer los negocios de su mujer.

El juzgado de primera instancia ya falló en contra de Fabra, y ahora es la Audiencia la que se manifiesta en idéntico sentido, condenando además al político popular a pagar los gastos del proceso. El auto subraya una vez más la veracidad de las informaciones emitidas por la Cadena SER, su interés general y su relevancia pública.

De Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra por cobrar a cambio de influencia y favores políticos, dicen que el político pretende silenciar a la persona que ha puesto en conocimiento de la Justicia hechos que han dado lugar a un proceso penal en el que el propio presidente de la Diputación aparece ahora como imputado. Y añaden al argumento que buena parte de los hechos atribuidos a Fabra tienen "transcendencia criminal", lo que ha dado lugar a la apertura de diligencias penales a las que se ha sumado la Fiscalía anticorrupción.

La Audiencia desestima por tanto los intentos de Fabra para que se deje de informar de su caso. El mes pasado, y también la Audiencia de Castellón, sentenció que la Cadena SER no ha atentado nunca contra el honor del político porque las informaciones emitidas, y los jueces las analizan una a una, son ciertas. Cadena Ser. 28.12.04

El PP reelegirá en Castellón a Fabra pese a estar imputado

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, será reelegido hoy presidente del PP provincial casi un año después de que se presentasen las primeras querellas contra él por varios supuestos delitos contra las Administraciones públicas. Imputado como supuesto autor de varios delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, Carlos Fabra ha optado finalmente por renovar hoy su cargo de presidente del PP provincial de Castellón sin oposición alguna. Fabra fue elegido el pasado mes de noviembre miembro de la dirección del PP valenciano que preside Francisco Camps, de quien ha sido un firme aliado en la pugna por el control de la organización regional con el sector zaplanista.

El congreso provincial del PP de Castellón, que clausurará hoy el propio Camps, coincide con la petición de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) a la juez del juzgado número 1 de Nules, que instruye el denominado caso Fabra, para que se amplíe la investigación a la supuesta falsificación de sellos, tampones y documentos que el empresario Vicente Vilar asegura haber realizado en colaboración con el propio presidente de la Diputación de Castellón, según relató Vilar al semanario Interviú.

La UCE, que se ha personado como acusación particular, pide en su escrito a la juez que se tome declaración al empresario, junto a Carlos Fabra y su esposa María Amparo Fernández y a la ex esposa de Vicente Vilar, Montserrat Vives, sobre los citados sellos que se utilizaron, supuestamente, para falsificar análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos exigidos por el Ministerio de Agricultura. El País. 17.12.04

Desestimada la denuncia de D. FABRIZIO contra la Cadena SER

El juzgado de primera instancia número 1 de Castellón ha desestimado la demanda interpuesta por el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, contra la Cadena SER y el Grupo PRISA al considerar que ninguna de las informaciones emitadas en el último año por esa cadena de emisoras atenta contra el derecho al honor y la intimidad personal del político popular. La sentencia obliga a Fabra a pagar las costas del proceso.

La jueza estima en su razonamiento jurídico que, en este caso, prevalecen dos derechos fundamentales como son la libertad de expresión y de información, "esenciales para asegurar el pluralismo pólitico que precisa el estado social y democrático de derecho".

"No se puede olvidar -añade- el interés público suscitado por las noticias en relación a Carlos Fabra, tanto a nivel local como nacional".

La SER informó, en exclusiva hace ahora un año, de las gestiones realizadas por Fabra aprovechando su posición política ante distintas administraciones, para obtener con ello beneficios para sus empresas familiares.

A esta primera información se han sumada muchas otras, publicadas también por otros medios de comunicación, que evidencian el estrecho vínculo entre los negocios privados y la actividad pública de Carlos Fabra.

Carlos Fabra está actualmente imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública. El proceso, al que se ha sumado la fiscalía anticorrupción, está todavía abierto en el juzgado de Nules.Publicado en la edición digital de la Cadena SER. 16.12.04

Anticorrupción investiga los ingresos de Fabra como asesor antes de la sociedad Carmacas

El presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, asesoró al empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, al menos dos años antes de que constituyera la asesoría Carmacas S. L., según se deduce de su declaración como imputado del pasado 3 de febrero.

Esta declaración está siendo analizada por el fiscal Anticorrupción, Carlos Saiz, con el fin de averiguar si Fabra tenía ingresos profesionales antes de fundar la mercantil Carmacas SL y si los puede justificar ante Hacienda con facturas o libros de contabilidad.

En un momento de la declaración la juez Isabel Belinchón, ahora trasladada a Teruel, preguntó al presidente popular si la labor de asesoramiento a Vicente Vilar la desarrolló desde el principio de la relación de amistad que ambos mantuvieron durante años. El líder del PP fue rotundo: «Desde el principio». Fabra aclaró que tuvo su primera reunión con el empresario de Artana «en vísperas de la Magdalena del 98 o 99», de lo cual se deduce que el presidente de la diputación castellonense mantuvo relaciones comerciales con Vilar antes de fundar la asesoría Carmacas SL, constituida legalmente el 28 de abril de 2000 con el objetivo de elaborar informes jurídico-técnicos para empresas privadas, entre ellas la sociedad que dirige Vilar. El fiscal Saiz quiere saber qué pasó en esos dos años, cuántos trabajos realizó Fabra y cómo justificó sus honorarios.

El líder del PP dio más detalles a la juez al asegurar que asesoró a Vilar en la construcción de un polígono industrial en Artana y llega a afirmar que realizó «gestiones y trabajos sobre una fábrica de detergentes, ladrillos (...) Quería [se refiere a Vilar] hacer un polígono industrial en Artana y me hizo hablar con dos o tres empresas constructoras, a ver el coste por metro cuadrado, un estudio y cuánto costaría traer el gas hasta allí, porque no había gas». En otro párrafo Fabra hace un esfuerzo de memoria y recuerda que Vilar le sugirió: «Yo quiero que tú me asesores, te lo pagaré».

Entonces la juez le pregunta si todos estos negocios los realizó a través de la empresa Carmacas SL y el líder del Partido Popular responde: «Sí, sí a través de Carmacas». Unos folios después, sin embargo, Fabra tiene que matizar ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules: «Para el grupo de empresas [de Naranjax] no hice nada antes de constituirse Carmacas pero para el señor Vilar sí, como lo del polígono industrial». Por contra, el industrial químico castellonense mantiene que nunca recibió ningún informe de asesoramiento sobre la construcción del futuro polígono de Artana, sino que era el propio Carlos Fabra el que estaba interesado en que el proyecto saliera adelante, con el apoyo de otros empresarios de la provincia.

Negativa de Vilar

Vilar declaró en su momento que estos «asesoramientos» de Fabra nunca fueron respaldados por estudios o informes jurídico-laborales sino que simplemente ingresaba a cuenta del líder del PP «comisiones millonarias» en agradecimiento a sus contactos en organismos públicos como el Ministerio de Agricultura, donde el presidente provincial del PP influyó, según Vilar, para que salieran al mercado determinados productos insecticidas fabricados por Naranjax.

En su comparecencia como imputado, Fabra llega a admitir que antes de constituir Carmacas SL hizo gestiones para Vilar aunque no le facturó hasta que fundó la asesoría. Para esclarecer una declaración que estaba resultando cuanto menos confusa, la juez le invita a explicar si esas «gestiones» al margen de la actividad de Carmacas las cobraba y el líder del PP no titubea: «Las cobraba, claro».

Belinchón le formula entonces una pregunta no exenta de picardía: «¿Pero esas gestiones eran comentarios de café?». Y Fabra descubre una nueva carta al responder: «De café nada. Preparar una visita a Bolonia para visitar una empresa como System no es un comentario de café sino que hay mucho trabajo. Me reúno con los técnicos italianos entre ocho y diez horas y él [Vilar] habló con ellos y le asesoré de la no conveniencia de montar una fábrica azulejera».

Carlos Fabra, su esposa, Vicente Vilar y su ex mujer figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules ( 05.12.04 )

La Fiscalía Anticorrupción anuncia diligencias "letales" en el proceso contra Carlos Fabra



Un nuevo fiscal se hace cargo

"Estas diligencias son muy extensas y muy letales". De esta manera se refirió ayer el fiscal anticorrupción Carlos Saiz al procedimiento por el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, quien le acusó de haberle cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

El fiscal, que asumió el caso tras la autorización otorgada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no quiso adelantar qué diligencias propondrá practicar a la titular del Juzgado número 1 de Nules, que inició, de oficio, el proceso. "Unas diligencias dan lugar a la práctica de otras y, por tanto, todavía no se pueden sacar conclusiones", sostuvo. En cualquier caso, sí anunció que "todavía" no se va a llamar a declarar a miembros del antiguo Gobierno del PP. En el sumario aparecen citados el ex ministro de Agricultura Jesús Posada, la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como varios diputados del PP que, según la denuncia, participaron en el supuesto intento por agilizar la autorización de fabricación de productos fitosanitarios.

Además, el denunciante, Vicente Vilar, anunció que tiene previsto solicitar la declaración como testigo del empresario Fernando Roig, ya que una empresa de la que es apoderado facturó a Carmacas, la firma de Carlos Fabra, 153.378,28 euros entre los años 2000 a 2002, según se desprende de los balances presentados por el propio Fabra ante el juzgado.

El fiscal anticorrupción participó ayer en la toma de declaraciones a tres testigos. Uno de ellos fue asesor laboral de Naranjax -de la que es titular Vilar-, que aseguró desconocer los informes que Fabra entregó al juzgado para justificar facturas de cobro de al menos 140.000 euros. Tal como dijo ayer Francisco Borrás ante la juez de Nules, Naranjax tiene su propio asesor laboral, que es él, y además está adscrita a la Unión de Mutuas por lo que, según señaló, los informes que supuestamente redactó la empresa de Fabra no eran necesarios.( Noviembre 2004 )

El asesor laboral de Naranjax tampoco vio los informes por los que Fabra dice que cobraba

El asesor laboral de Naranjax, Francisco Borrás, declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que nunca vio ningún informe técnico ni de asesoramiento laboral elaborado por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por uno o varios delitos contra la Administración Pública junto a su mujer María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, y la ex esposa de éste, Montserrat Vives.

Borrás, que declaró como testigo en la mañana de ayer, mantuvo la misma versión que su compañera Sonia Badía, ex contable de Naranjax, quien en su comparecencia ante la juez del pasado 7 de mayo reconoció que en ningún momento pasó por sus manos informe alguno confeccionado por Carlos Fabra.

Además, Borrás alegó que en el caso de que Carmacas hubiera diseñado informes técnicos para Naranjax, el precio de tales estudios no hubiera alcanzado nunca más de 500 euros, y en ningún caso los casi 7.000 que se deducen de los extractos emitidos por la Caja Rural de Artana, en los que se prueba que Naranjax realizó cuatro ingresos millonarios a nombre de Carmacas entre febrero y julio del año 2001, tal y como avanzó Levante de Castelló en su edición de ayer viernes.

Los extractos bancarios demuestran que la asesoría de Carlos Fabra recibió 12.020 euros (dos millones de pesetas) y otros tres por 6.971,74 euros -30 de abril, 31 de mayo y 2 de julio de 2001-. La cantid

Joer loboestepario lo que parece que te interesa es que pasemos de leer. Estoy seguro de que tu no te has leído el corta y pega de arriba.
Creo que te has pasao. Podías poner el link a la noticia, si lo hay, o si no un resumen. Meter este ladrillo aquí desanima a cualquiera a opinar.
Saludos

Joder loboestepario, tremendo trabajo, eso si que es documentar. Mis felicitaciones.

Sí, Santos sí, tremendo trabajo. Copy y paste y hala, a echarle huevos para leer el tocho ese. Pero está bien... para el que tiempo y paciencia.
En mi opinión textos tan largos no tiene mucho sentido ponerlos aquí y, la verdad, no creo que ni el propio loboestepario lo haya leído.

tienes razon "anda que no" me he pasado un poco, pero no dudes que no es ni una decima parte de lo que he omitido, no pensaba yo que habia tanta porqueria en castellon pero ya ves. Y respecto si lo he leido pues te dire que si pero noticia a noticia quizas es demasiado pesado para leer ponerlo todo a la vez pero yo siempre he pensado que es mejor pecar por exceso que por defecto (en cuestion de informacio).
bueno un saludo y como diria ansar "menudo rollo he soltado"

loboestepario: creo, igual que tú, que es bueno tener la mayor información disponible (siempre que sea veraz, claro) sobre cualquier tema que interese a uno. El hacer uso o no de esa información ya es una opción personal.
Lo que quería decir es que en un medio como este, incluir textos tan extensos me da la impresión de que es poco apropiado porque, en cierto modo, rompe el "formato" ágil y rápido que anima a la gente en general a expresar su primera impresión sobre las noticias sin elaborar demasiado las respuestas...
De todas formas es posible que esté equivocado y siempre está la posibilidad de saltarse lo que no interese.
Gracias de todas maneras por haberte tomado el trabajo de ponerlo. Y quiero que sepas que le he echado valor :-) y creo que he sido de los pocos que se han leído entero el mensaje de marras.
Un saludo