Vodafone, Movistar y Orange deben 11 millones de euros al Ayuntamiento

Las teleoperadoras Telefónica Móvil (Movistar), Vodafone y France Telecom (Orange) deben al Ayuntamiento de Madrid algo más de once millones de euros en concepto de liquidación de los dos primeros trimestres de 2008 de la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, según informó hoy la directora gerente de la Agencia Tributaria, Rosa Navarro, durante la comisión ordinaria de Hacienda.

La ordenanza, que fue aprobada el pasado mes de noviembre por el Pleno, grava con un 1,5% la facturación de las operadoras móviles por cada cliente que tengan en la capital, y se liquida de manera trimestral, después de que las empresas hayan facilitado al Consistorio los datos del número de clientes que tienen tanto en la ciudad como en toda España.

Con esa información, la Agencia Tributaria divide el volumen de operaciones de las compañías entre el número de usuarios total del país para establecer el beneficio por usuario, y luego ese dato se multiplica por el número de clientes que hay en Madrid. A continuación, se gira el recibo de la liquidación a las operadoras.

De las 21 compañías que operaban en Madrid a mes de julio de este año, once no han atendido el requerimiento de liquidación, y otras siete han contestado alegando que no están sujetas a esa tasa, que están exentas o que tienen problemas técnicos para contestar. "Todas ellas están siendo sometidas a la pertinente inspección, como no podía ser de otra manera", explicó Navarro.

Se trata de empresas pequeñas, cuyas aportaciones serían mínimas en comparación con los grandes operadores, aproximadamente entre uno y dos millones de euros. "Al final tendrán que pagar, pero ahora tenemos que hacer encaje de bolillos porque son compañías pequeñas que a veces no aparecen ni en los listados oficiales", apostilló la directora gerente de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, los tres grandes teleoperadores --Movistar, Vodafone y Orange-- sí enviaron sus datos al Ayuntamiento. En los primeros dos trimestres del año, de los que ya hay datos, las tres empresas adeudan 11.035.944 euros al Consistorio, de lo que Navarro deduce que "cada año se podrían ingresar (en las arcas municipales) unos 22 millones de euros por este concepto, y es esa cantidad aproximadamente la que se incluirá en los presupuestos de 2009".

En el primer trimestre del año próximo se hará la liquidación definitiva con los datos reales de facturación de las compañías. En este momento, aún están a tiempo para presentar el recurso de la liquidación del tercer trimestre. En cualquier caso, de no pagar las sanciones podrían oscilar entre el 30 y el 50 % de la factura a deber al Ayuntamiento.

Sin embargo, las tres compañías han interpuesto un recurso tanto contra las liquidaciones contra contra la propia ordenanza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló el pasado mes de abril a favor del Gobierno local, rechazando la suspensión de la normativa tal y como pedían las empresas al considerar que no se producen perjuicios irreparables de su aplicación.Las empresas alegan que se les está gravando doblemente, mediante el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y con esta tasa. "Pero son dos tasas diferentes, porque además la telefonía fija sí la paga y la móvil está ganando cada vez más espacio a la tradicional", apostilló la responsable de la Agencia Tributaria.

Además, según ella "toda la jurisprudencia que se está produciendo (en las diferentes comunidades autónomas) da la razón a los ayuntamientos que, a instancias de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aplican esta tasa", tales como Barcelona, Málaga o Sevilla, entre otros.

De hecho, Navarro aseguró que Madrid trabaja "de la mano" con esos otros consistorios, especialmente con el de Barcelona, donde las resoluciones judiciales van "más rápido", y de hecho podrían tener un fallo acerca de la reclamación contra su ordenanza municipal "para enero de 2009".

Además, todos los ayuntamientos afectados están pidiendo al Gobierno central, a través de la FEMP, que "el nuevo modelo de financiación de las entidades locales también aclare este punto, porque hay un vacío legal muy grande que supone unas pérdidas importantes para las corporaciones municipales".

Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida exigirá al Ejecutivo local que "no se les concedan más licencias a las compañías que no cumplan y paguen esta tasa", según informaron a Europa Press fuentes de la formación política.