La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene la intención de ubicar en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel un espacio para la memoria democrática penitenciaria, y así se lo ha hecho saber Mercedes Gallizo a los vecinos en una carta remitida el pasado lunes.
En concreto, la carta ha sido remitida a dos asociaciones, a la de vecinos de los barrios madrileños de Aluche y a la de Ex presos y Represaliados Antifranquistas, y en ella la responsable de Prisiones les da cuenta de un informe que había ordenado a un equipo de técnicos para comprobar si se podía mantener una parte de la cárcel y en particular la zona denominada "centro de vigilancia", con su cúpula correspondiente, tal y como solicitan los vecinos.
Según el informe, la "solución más oportuna, desde los puntos de vista técnico, económico y de seguridad, tanto estructural como en el trabajo, pasa por la demolición controlada" del centro de vigilancia, de igual modo que el resto de instalaciones que componen la cárcel.
Pero Gallizo ha asegurado a los vecinos que su Secretaría General ubicará en los terrenos de la cárcel "los elementos necesarios para que permanezca en el recuerdo y se transmita a las generaciones futuras la memoria de los miles de personas que sufrieron prisión y castigos inhumanos entre sus muros, incluida la pena de muerte, por defender la democracia y la libertad de los españoles".
Y por ello, según subraya en la misiva, en la propuesta del plan parcial se incorpora un apartado dedicado al reconocimiento público de dichas personas y pondrá en marcha una propuesta para realizar un espacio para la memoria democrática, que contará con un monumento con esa esencia.
Prisiones propondrá a la Administración competente que la denominación de las plazas y calles del ámbito tengan como referencia la idea de la memoria democrática y de las personas más destacadas en la lucha por la democracia.
Además, Prisiones construirá un centro de investigación de la memoria democrática penitenciaria, con el fin de facilitar la labor de historiadores y entidades especializadas, para lo que establecerá los respectivos convenios con otras Administraciones Públicas y universidades.
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