Garzón determinará que se trata de un delito permanente de desapariciones forzadas cuyas víctimas todavía no han aparecido, según la Ser.
De esta forma, el magistrado optará por continuar con el procedimiento penal tras las denuncias presentadas desde 2006 por varias asociaciones y particulares.
Garzón lleva semanas reuniendo documentos e informes oficiales al respecto, tras la providencia que dictó a finales de agosto en la que pedía a distintos organismos públicos e incluso a la Iglesia que le remitieran toda la información que tuvieran sobre los desaparecidos en España a partir del 17 de julio de 1936.
En este tiempo, ha recibido los nombres de más de 140.000 personas desaparecidas durante la guerra de 1936 a 1939 y los primeros años del franquismo.
La investigación podría unificar los datos sobre represaliados y recopilar información sobre las fosas comunes desperdigadas por el país, ya que no existe un registro oficial de desaparecidos del franquismo.
La fiscalía de la Audiencia ya mostró en su día su oposición a esta investigación y pidió el archivo de las denuncias presentadas, al considerar que habían prescrito unos delitos a los que en cualquier caso había que aplicar la ley de Amnistía de 1977.
Según la Ser, la fiscalía considera que en todo caso las denuncias deberían investigarlas los juzgados de cada localidad donde existan pruebas de enterramientos.
Miembros de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica consideran incoherente que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar atrocidades cometidas en dictaduras latinoamericanas y mire hacia otro lado en lo que se refiere a los crímenes cometidos en España.
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